Condenados a un año de cárcel dos médicos y una psicóloga de Granada por un delito de aborto

La Audiencia de Granada condenó ayer a un año de cárcel y a otro de inhabilitación a dos médicos y a una psicóloga de la Clínica Ilíberis por un delito de aborto. El tribunal hace suya la tesis del fiscal, según la cual una psicóloga no está cualificada legalmente para dictaminar si una mujer puede abortar atendiendo a su estado de salud físico y psíquico.La Audiencia reitera que es un psiquiatra el único autorizado para firmar el diagnóstico y recomendar qué hacer en cada caso. El Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental ya protestó en su día por una sentencia similar dictada contra las mismas personas ahora condenadas.

La sentencia repite los fundamentos y las penas que en la dictada hace un año y que fue recurrida ante el Tribunal Supremo, que aún no ha resuelto el recurso. Los acusados aseguraron hace una semana ante el tribunal que, según una ley promulgada en 1985, la certificación podía firmarla tanto un psiquiatra como un psicólogo.

El fiscal, que en sus conclusiones definitivas había solicitado 18 meses de cárcel y tres años de inhabilitación, rechazó este argumento y no tuvo en cuenta el testimonio de un psiquiatra que defendió el procedimiento seguido en la Clínica Ilíberis. Los condenados son la psicóloga, el director de la clínica, que está autorizada para practicar abortos, y un ginecólogo.

El aborto por el que han sido condenados ocurrió a finales de mayo de 1995. La mujer que solicitó la interrupción del embarazo había intentado acabar con su vida en tres ocasiones y pasaba por unos momentos extremadamente críticos, según su propio testimonio. Cinco meses antes de que acudiera a la clínica, la mujer había iniciado en Almería, donde residía, una relación con un hombre de nacionalidad marroquí que, según ella, la obligó, bajo amenaza, a concebir un hijo que pretendía, además, que naciera en su país, al parecer con la intención de tener más facilidad para entrar y salir de España. La psicóloga condenada examinó a la mujer durante hora y media y certificó que en caso de seguir adelante con el embarazo su salud corría grave peligro.