Acusación y defensa pactan un acuerdo en el caso de la ginecóloga acusada de imprudencia
La conformidad de las dos partes evitó la celebración del juicio previsto ayer en la Audiencia de Vizcaya contra M.B.B.E., ginecóloga acusada de provocar una paralisis cerebral a un niño al retrasar demasiado su nacimiento. La defensa de la acusada aceptó una pena de arresto domiciliario de siete semanas y el pago conjunto y solidario de una cifra cercana a los 90 millones de pesetas de indemnización, que abonarán entre la acusada, tres compañias de seguros y la entidad médica para la que trabajaba. El acuerdo se negoció pocos minutos antes de comenzar la vista oral en una reunión de todas las partes en presencia del tribunal. El fiscal consideraba a la ginecóloga autora de un delito de imprudencia profesional grave por el que solicitaba una pena de cuatro años y dos meses de prisión, un año de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión y una indemnización de 200 millones de pesetas, a pagar entre la acusada, la compañía médica en que prestaba sus servicios y tres empresas aseguradoras. Los hechos juzgados se produjeron el 11 de enero de 1993, cuando F.A.L. ingresó en un clinica bilbaína para ser asistida en el parto de su primer hijo por la ginecóloga que le había atendido durante el embarazo. Una hora después de su ingreso se le aplicó anestesia intradural, sin controlar, según el fiscal, la posiblidad de que el niño puedira sufrir asfixia intraparto. El análisis posterior al nacimiento, ratificó que el niño padeció 30 minutos está situación, lo que le provocó inmovilidad de brazos y piernas, así como imposiblidad para comunicarse verbalmente.
