El fiscal pide 4 años para una ginecóloga por imprudencia
La Audiencia Provincial de Bilbao juzgará a partir de hoy a una médico ginecologa, perteneciente a una aseguradora sanitaria vizcaína, acusada de imprudencia profesional grave, en el nacimiento de un niño que sufre parálisis cerebral. El fiscal solicita más de cuatro años de prisión para la acusada, un año de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión y 200 millones de indemnización.El 11 de enero de 1993 sobre las cinco y media de la madrugada, F.A.L., acudió a una clínica de Bilbao, pertenenciente a la compañía médica aseguradora a la que estaba suscrita, para ser atendida por la médico ginecóloga, M.B.B.E. que había controlado todo el periodo de gestación, sin que se hubiera producido ninguna anormalidad en el proceso. Una hora despues del ingreso de la madre en el hospital, y según se relata en el escrito de acusación del fiscal, el anestesista F. de C.M. aplicó anestesia intradural, sin que la dilatación fuera de mas de 5 centímetros, y sin control estricto de la posiblidad de que el niño pudiera sufrir asfixia intraparto. Informe del pediatra En el informe realizado por el un pediatra tras el parto, se asegura que el niño sufrió al menos media hora de asfixia, lo que fue motivado por "no proceder a realizar una cesarea sino la utilización de ventosas que alargan la duración del parto, no consiguiendo (dada la posición del feto) el nacimiento del niño, teniendo que utilizar fórceps para lograrlo". Tras el nacimiento del niño se comprobó que se encontraba en situación de muerte aparente, asistiéndole durante 30 minutos hasta que respiró de forma natural. Según el fiscal "la asfixia intraparto sufrida por el niño le provocó "una paralisis cerebral que le afecta a la movilidad de los cuatro miembros y a la postura, siendo imposible que llegue a caminar con independencia, así como también es improbable que llegue a ser capaz de comunicarse verbalmente, necesitando asistencia continua". El ministerio público afirma que los hechos son constitutivos de un delito de imprudencia profesional grave, por lo que solicita una pena de 4 años, 2 meses y 1 día de prisión menor, así como un año de inhabilitación especial para la profesión. El fiscal también exije 200 millones de pesetas de indemnización a pagar, de forma solidaria y conjunta, por la acusada, tres compañías de seguros y la entidad médica aseguradora a que estaba suscrita la madre del niño.
