Repartir el empleo y más

IMANOL ZUBERO El próximo viernes día 21 nos convocan los sindicatos a una huelga a favor del reparto del empleo. Las organizaciones empresariales han descalificado la convocatoria y la misma reivindicación afirmando que el reparto del empleo no sirve para acabar con el paro. Es cierto. La solución al paro no puede consistir en transferir a los parados una parte del trabajo realizado por los trabajadores ocupados sencillamente porque no hay parados por un lado y gente que trabaja por otro: si hay dos millones de parados no basta con crear dos millones de empleos para eliminar el paro, ya que varios millones de personas más sufren períodos de paro total o parcial en forma de empleos temporales. Es por eso que la reducción de la duración semanal o diaria del trabajo es en la actualidad un medio mucho menos eficaz que antes para reducir el paro: permitiría aumentar el número de empleos permanentes y a tiempo completo, pero no tendría efectos sobre el número y la precariedad de los empleos temporales. La patronal se ha anticipado a las reducciones de la duración del trabajo dándoles una forma que refuerza su poder: la de la flexibilidad precarizadora, la del paro parcial no indemnizado. Una forma de reparto del empleo con coste empresarial cero pero con un insostenible coste social. Es por eso que el reparto de trabajo, por sí sólo, no es solución a los problemas derivados de la crisis de la sociedad salarial. Es precisa una política de liberación de tiempo y de redistribución del trabajo con las características siguientes: a) la duración del trabajo debe ser reducida periódicamente en grados importantes; b) esa reducción debe hacerse mediante una ley marco; c) la reducción debe asumir más de una forma: la semana de cuatro días y de 32 o 35 horas sólo es aplicable a los trabajadores estables y a tiempo completo de la industria; d) es necesario un plazo de algunos años previo a la entrada en vigor de la reducción de la duración del trabajo que permita realizar previsiones sobre las necesidades cualitativas y cuantitativas de personal, la formación o conversión profesional a los oficios en los cuales se creará empleo y la negociación de convenios colectivos y de acuerdos de empresa que concreten todas esas medidas; y, sobre todo, e) es imprescindible instituir y desarrollar un nuevo salario ciudadano de manera que toda persona activa perciba dos remuneraciones distintas: un salario por el trabajo que realice y un "segundo cheque" que compense las disminuciones salariales derivadas de la reducción periódica de la duración del trabajo y asegure una remuneración digna y continua a las personas empleadas de manera discontinua. Lógicamente, todo esto tiene un coste que no puede ser simplemente cargado sobre las empresas bajo la forma de un aumento de los salarios por hora. Es necesario encontrar un modo de financiación para el segundo cheque que satisfaga tres condiciones: no amputar la remuneración real de los asalariados, no incrementar los costes de las empresas y no impedir a éstas que reduzcan sus costes salariales mediante inversiones de productividad. La vía puede ser un impuesto selectivo sobre el consumo, diferenciado según la naturaleza de los productos, que permita a la sociedad orientar el consumo según criterios sociales, culturales y ecológicos, en lugar de permitir que las empresas desarrollen los productos que les reporten los beneficios más elevados. Tienen, pues, razón los empresarios cuando dicen que no es suficiente con reducir y repartir el tiempo de trabajo: hay que hacer más que eso y, sobre todo, hay que hacerlo en el marco de un proyecto político de profundización en la democracia. Lo que no sirve es su bárbara estrategia de repartir el empleo mediante la precarización. Para ser eficaz, la reducción de la duración del trabajo exige la movilización y el compromiso de la sociedad a todos los niveles. La huelga del 21 tiene que servir para impulsar este compromiso.