El Senado, indeciso sobre la basura radiactiva

En España se ha intentado que la solución al problema del combustible nuclear gastado pasase por un amplio consenso parlamentario. Para ello, el 30 de octubre de 1996, el Senado decidió la elaboración de una ponencia, dentro de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, que estableciera las líneas de actuación para decidir el destino de estos residuos por acuerdo entre los diferentes grupos políticos. Después de dos años de discusiones, y tras la comparecencia de 56 expertos de todo tipo, el pasado 14 de abril, el Pleno del Senado desestimaba la ponencia sin haber logrado un acuerdo, con el voto en contra de la mayor parte de los 178 senadores presentes, incluidos los del PP, autores del texto.La indecisión de los políticos ha molestado al mundo nuclear, que ve escaparse una buena oportunidad de resolver el problema, o al menos de aparentar haberlo resuelto. "El valor que habría tenido", dice Jorge Lang-Lenton, director de comunicación de Enresa, la empresa pública encargada en España de la gestión de los residuos radiactivos, "era el de un consenso que ofreciera cierta estabilidad y que habría permitido orientar nuestro trabajo sobre unos mínimos pactados con independencia de quién estuviera en el Gobierno. Enresa nació por una decisión del Parlamento y creemos que toda nuestra actividad debería estar regulada por él, mediante un consenso entre los partidos".

Un plan de cierre

Prudentemente, el Foro Nuclear, la asociación que representa a la industria del sector, considera necesaria una determinación pública y política para tomar una decisión consensuada y con perspectivas a largo plazo, pero valora los trabajos de la ponencia. "El esfuerzo, investigación y trabajo de los senadores involucrados servirá para tener los argumentos preparados para un futuro próximo. En esta ocasión, el informe ha sido rechazado, pero hoy en España la decisión no es urgente", dice su director, Santiago San Antonio.

Ladislao Martínez, de Ecologistas de Acción, tampoco comparte el lamento por la oportunidad perdida. "Creemos que entre un mal acuerdo y una falta de acuerdo es preferible esto último. Estos residuos son una patata caliente que ningún partido quiere asumir, y el PSOE no quería dar la baza de una ley hecha a conveniencia del PP. Todos quieren evitar el coste político de asumir un proyecto con una fuerte oposición social y un enorme desembolso económico, que algunos calculan en cerca de 400.000 millones de pesetas". Para los ecologistas, la ponencia elude el problema central, que es la propia existencia de las centrales.

Por eso, Martínez tiende una mano para la solución del problema, aunque con una premisa: "No vamos a entrar en discusiones constructivas para resolver el problema de los residuos hasta que no haya un plan de cierre progresivo de las centrales. Cuando se dé este requisito, estamos dispuestos a participar en una discusión técnica sobre la conveniencia de una solución u otra, y ayudaremos a desactivar la oposición social existente".

Esta postura fue defendida, dentro de la comisión del Senado, por José Luis Nieto, representante de Izquierda Unida posteriormente adscrito a Nueva Izquierda, que mantuvo hasta el final su postura de no votar ninguna propuesta que no contemplara el cierre de las centrales.

Las centrales nucleares españolas han generado 2.200 toneladas de combustible gastado, residuos nucleares de alta actividad y larga vida, y aún generarán otras 4.500 toneladas si los nueve reactores en funcionamiento culminan su vida útil, calculada en unos 40 años.

De momento, ese combustible quemado se almacena en piscinas situadas en las propias centrales, pero su destino final sigue siendo una incógnita.

Desde hace años, existe cierto consenso internacional sobre la conveniencia de almacenarlos en una instalación subterránea a gran profundidad (entre 500 y 800 metros) en una zona geológicamente estable, de baja sismicidad e impermeable, donde en teoría podrían mantenerse durante miles de años sin grandes sobresaltos, aunque nadie se atreve a garantizar plenamente este extremo, porque los plazos son demasiado largos. Este tipo de emplazamientos se conoce como AGP (almacenamiento geológico profundo) y algunos países ya han decidido su construcción.

En España, el IV Programa de Residuos Radiactivos contemplaba esta opción como la más conveniente, pero el reciente fracaso de la ponencia del Senado ha demorado la toma de una decisión definitiva hasta el año 2010, lo cual retrasará la efectividad del camino que entonces se escoja hasta mucho después. "Si se decide entonces por un AGP habrá que empezar a buscar emplazamiento y luego construirlo. Lo más probable es que los residuos no se trasladarían desde las centrales nucleares antes del 2030", dice Lang-Lenton.

En algunos países se ha conseguido ya este consenso político. Francia aprobó hace tiempo la Ley Bataille (por el diputado que la elaboró), un amplio acuerdo entre todos los grupos políticos para buscar un emplazamiento adecuado para un AGP. El Reino Unido ha seguido estos mismos pasos, y la Cámara de los Lores aprobó el pasado marzo una resolución postulando un AGP como la mejor opción. Los planes británicos contemplan la construcción de la instalación para estar operativa en el 2050. También en Suecia se ha logrado un consenso, aunque no reflejado legislativamente, para proceder a la selección de emplazamientos.

Estados Unidos no se ha planteado la necesidad de este consenso, que existe de facto, y el Gobierno ha decidido ya instalar un AGP en Yucca Mountain (Nevada), en una zona deshabitada y de propiedad militar, donde se realizaron en su día ensayos nucleares. El proyecto será dado a conocer a la opinión pública este mes y será objeto de debates y estudios hasta su definitiva aprobación en el 2002, con vistas a que esté operativo en el 2010. Se trata de una toba volcánica en la que se insertarán los residuos a unos 350 metros de profundidad