El caso del 'enfermero de la muerte' destapa en Brasil una red ilegal de tráfico de órganos
El ministro de Justicia ordena investigar la relación entre funerarias y hospitales públicos
La detención de Edson Izidoro Guimaraes, el enfermero de la muerte sospechoso de haber acabado con la vida de 131 pacientes en el Hospital Salgado Filho de Río de Janeiro, no sólo ha revelado una macabra trama de venta de cadáveres a las funerarias brasileñas. La Policía tiene evidencias de que la red también opera en el lucrativo negocio del tráfico de órganos. En vista de que no parece tratarse de un suceso aislado, el ministro de Justicia brasileño, Renán Calheiros, ha tomado cartas en el asunto y ha ordenado a la Policía Federal una investigación a fondo.
Los familiares de al menos cuatro pacientes fallecidos en el hospital en los últimos años han declarado a la Policía que los cadáveres de sus allegados "presentaban signos de extracción de órganos". Uno de ellos, Antonio Barbosa, asegura que el cuerpo de su madre, fallecida en el hospital el 19 de julio de 1996, en teoría a causa de un infarto, tenía extraídas las córneas sin que ningún familiar lo hubiera consentido.La confesión del enfermero detenido ha puesto en evidencia las connivencias de ciertos médicos y funcionarios de hospitales con las agencias funerarias. El secretario de Seguridad Pública de Río, coronel Josias Quintal, ha declarado que el caso de Edson "no es más que el hilo de una complicada madeja" de las mafias funerarias que en los hospitales públicos corrompen a los enfermeros redondeándoles el sueldo.
Guimaraes se ha confesado culpable de sólo cinco de las muertes, y ha contado con pelos y señales los métodos usados para acelerar la muerte de los enfermos a su cargo: asfixia por desconexión de la máscara de oxígeno, o una inyección con 20 miligramos de clorato de potasio. El enfermero ha declarado que escogía sobre todo a los más ancianos, a los enfermos de sida y a los tuberculosos, pero "nunca a los niños".
Según el ministro Calheiros, "existen centenares de denuncias sobre la actuación de las funerarias en los hospitales públicos". El Hospital Público Salgado Filhio es el tercero más grande de Río de Janeiro. Guimaraes, de 42 años, es un ex policía militar, casado y padre de un hijo de diez años, y con fama de funcionario ejemplar. Los 131 enfermos de cuya muerte está acusado fueron atendidos en su planta entre el 1 de enero y el 4 de mayo, día en que fue detenido. Pero las investigaciones están revelando en el mismo hospital casos sospechosos muy anteriores. Guimaraes ha confesado a la policía que recibía de las funerarias 8.000 pesetas por difunto, y 80.000 si se trataba de accidentes de tráfico. Ha afirmado que lo hacía para aliviarles el dolor y que siempre pedía a Dios que les premiase en el cielo. El enfermero se ha declarado católico practicante.
En el país se ha desatado una comprensible psicosis colectiva. Los familiares no quieren dejar ni un segundo solos a sus enfermos graves en sus lechos del hospital y en la calle los enfermeros no pueden salir con la bata blanca por miedo a ser acosados.
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