Medio Ambiente impone su mayor sanción por un delito ecológico

La Generalitat ha sancionado con 20 millones de pesetas a la empresa RF Proces, concesionaria de la planta de reciclaje de pilas y de fluorescentes de El Pont de Vilomara, por una contaminación de la que la Administración no recibió información alguna hasta que aparecieron unas alarmantes manchas amarillas en las fachadas de las casas del municipio. Ésta es la sanción más elevada que hasta la fecha ha impuesto la Generalitat a una empresa de reciclaje. La resolución se comunicó ayer a la empresa.

La multa llega como conclusión de un expediente administrativo que el Gobierno abrió tras comprobar que a finales de enero se había producido una fuga de sulfato de manganeso por un problema en un filtro de gomas que depura el vapor de agua que la planta expulsa a la atmósfera. El consejero de Medio Ambiente, Ignasi Puigdollers, explicó ayer, en el acto de inauguración del almacén de desechos de Berga, que el expediente responde básicamente a la negligencia de la empresa para informar a la Generalitat de sus problemas tal como se prevé en el plan de seguridad y por la falta de diligencia para reparar la avería. La empresa mantuvo el aparato con fugas varios días sin parar la actividad. La empresa tiene ahora la posibilidad de presentar un recurso contra la sanción por la vía administrativa, y agotada ésta, puede presentarlo por la vía judicial. Fuentes del Departamento de Medio Ambiente indicaron ayer que no se plantea en el expediente la posibilidad de rescindir la concesión a la empresa RF Proces como habían solicitado algunos grupos políticos y ecologistas, ni el cierre de la planta como piden los vecinos afectados. La empresa tiene aún un año más de concesión. Puigdollers señaló ayer que la sanción se corresponde a un accidente, pero que es tanto o más importante haber corregido los errores y haber incrementado las medidas de control de la planta para garantizar su correcto funcionamiento. El alcalde de El Pont de Vilomara, Evarist de la Torre, afirmó ayer tras conocer la sanción que "el mal que se ha hecho en El Pont de Vilomara y en el país con este caso no se puede arreglar con una sanción millonaria". De la Torre, que es partidario de que continúe la actividad pero con todas las garantías de seguridad, prefiere medidas correctoras al dinero y afirma: "Lo que no me solucionarán es la fractura social que ha creado este caso en El Pont de Vilomara". La planta de El Pont de Vilomara es el único centro de España especializado en reciclaje de pilas. A finales de febrero, siete meses después de su inauguración, los vecinos del pueblo empezaron a observar que las fachadas de sus casas empezaban a amarillear. A principios del mismo mes los análisis del Departamento de Medio Ambiente detectaron partículas de hierro en el aire que se aseguró que no eran contaminantes. Una semana más tarde, la Generalitat cerró parte de la planta al descubrirse que una avería era la responsable de las altas concentraciones de sulfato de manganeso en el aire. La Generalitat reiteró en varias ocasiones que la emisión no era perjudicial para la salud, pese a que algunos vecinos del pueblo que tenían problemas respiratorios aseguraron que su salud había empeorado después de la fuga.