Pro Derechos Humanos advierte del retraso en el plan contra las chabolas

El plan auspiciado por la Junta de Andalucía para acabar con siete grandes núcleos chabolistas en Sevilla y Málaga y proporcionar una vivienda digna a sus habitantes ya ha agotado la mitad del tiempo previsto (finales del 2000) para lograr sus objetivos. Y sus resultados son "escasísimos", según advirtió ayer la Asociación Pro Derechos Humanos. La portavoz de esta ONG, Chelo Gutiérrez, recordó que hasta ahora sólo se ha acabado con un asentamiento en la capital hispalense, San Diego, y lamentó que se hayan olvidado "medidas que iban a mejorar la calidad de vida de estas personas".

El Plan Integral para la Erradicación del Chabolismo, aprobado por el Gobierno andaluz en noviembre de 1997, centra sus actuaciones en siete grandes núcleos (cinco en Sevilla, dos en Málaga) y sobre todo en la construcción de viviendas alternativas que sustituyan a las chabolas. Por ello, la Consejería de Obras Públicas absorbe la mayor parte de los recursos con los que se dotó al plan (2.903 de los 3.676 millones de pesetas presupuestados). "El tema del suelo está parado", recalcó la portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos. En octubre del año pasado, Obras Públicas firmó convenios con los Ayuntamientos implicados (Sevilla, Málaga y Alcalá de Guadaira), pero en la mayoría de los casos, la construcción de las viviendas aún no se ha iniciado. "Lo único que hacen es acusarse de que el otro no cumple", explicó en rueda de prensa Gutiérrez. La portavoz de la ONG recordó que el único asentamiento chabolista que se sustituyó por casas, el de la barriada de San Diego, en Sevilla, aprovechó unas viviendas que construía la empresa municipal de la vivienda, Envisesa, que las cedió para acoger a unas 300 personas en régimen de alquiler especial. No ha habido hasta ahora ninguna construcción nueva para erradicar los otros seis núcleos chabolistas. "Hay problemas con el suelo", reconocen fuentes de Obras Públicas que señalan la responsabilidad de los Ayuntamientos para desbloquear la situación. El Ayuntamiento de Málaga mantiene que ya ha conveniado el 60% de unos terrenos junto a la estación de Los Prados, donde la Junta podrá iniciar la construcción de medio centenar de viviendas para realojar a las familias que ahora viven en las chabolas de la playa de la Misericordia y del puente de los Morenos. Y el concejal de Urbanismo, Francisco de la Torre, asegura que el Ayuntamiento está ahora en fase de diálogo con las asociaciones de vecinos de esta zona para facilitar la integración. En Obras Públicas, sin embargo, ponen en duda la propiedad legal de estos suelos. Bloqueo en Sevilla La situación en la capital hispalense, según los datos de la Asociación Pro Derechos Humanos, es aún menos halagüeña. Por un lado, denuncian que las medidas de integración social en la barriada de San Diego brillan por su ausencia. Según Gutiérrez, la instalación de un comedor infantil en los bajos de las viviendas sociales, "en vez de en las escuelas", profundiza la segregación de la población realojada. "La asistencia social es muy mala, muy pobre y muy escasa", sostuvo la portavoz de la ONG. Los responsables de la Asociación Pro Derechos Humanos reconocieron "una intervención municipal escasa pero adecuada" en el núcleo de Los Bermejales (unas 20 familias), pero subrayaron que los asistentes sociales que allí trabajan sólo han sido contratados por tres meses, acogiéndose a un convenio entre el Inem y la concejalía de Asuntos Sociales. Gutiérrez destacó la peculiar situación del asentamiento de la barriada de Torreblanca (60 familias), en el límite entre Sevilla y Alcalá de Guadaira, cuyos Ayuntamientos no han iniciado aún actuación alguna para localizar un suelo en el que construir nuevas viviendas. Las gestiones para encontrar solar donde realojar a las 30 familias de Los Perdigones parecen más adelantadas aunque los responsables de la ONG temen que las viviendas que se construyan se ubiquen en el extrarradio "con lo que el trabajo de integración se iría al garete". "Quieren quitar estas chabolas de enmedio sólo por una cuestión estética", subrayó. "De promesas ya estoy harta", dijo en la rueda de prensa Matilde Álvarez, que vive en el Vacie donde según Obras Públicas hay 35 chabolas. "No hay trabajo en ninguna parte, no recogen la basura, hay sólo un caño de agua para lavarnos, sólo tenemos cuatro latas que se achicharran cuando hace sol y cuando hace lluvia se convierten en un frigorífico", aseguró Álvarez. Los responsables de la ONG, subrayaron también aquí la ausencia de un comedor escolar y destacaron que los cursos de formación no están adaptados a las necesidades de los habitantes de estos asentamientos, que cifran en 2.000 personas. "Las administraciones tienen que asumir sus responsabilidades y no dejarlas en manos de las ONG", exigió Gutiérrez.