Sanidad, a debate

EL INFORME Abril sobre la reforma de la sanidad pública, realizado en 1991 por una comisión de expertos que dirigió el ya fallecido Fernando Abril Martorell, vicepresidente económico de varios gobiernos de UCD, fue tajante sobre la conveniencia de dotar a los hospitales y centros sanitarios públicos de métodos de gestión empresarial que los hicieran más eficientes. Pero no contempló la hipótesis de que esa gestión tuviera que pasar a manos privadas. Hace tiempo que el Gobierno valenciano de Zaplana dio ese paso en un hospital tan importante como el de Alzira (Valencia), del que depende la asistencia sanitaria de una comarca de 250.000 habitantes. En una iniciativa unitaria sin precedentes, todos los grupos de izquierda del arco parlamentario -desde el PSOE al Bloque Nacionalista Galego- quieren que el Gobierno explique en el Congreso su proyecto sanitario y se comprometa a no seguir el modelo del hospital de Alzira "por ser contrario a la legislación vigente".Hace tiempo que la oposición debió tomar esta iniciativa. Todas las políticas del Gobierno actual merecerían una mejor pedagogía en el Parlamento, pero sobre todo la sanitaria. No sólo por su importancia intrínseca, sino por ser aquella sobre la que las intenciones del Gobierno se muestran más ambiguas. El ministro de Sanidad ha asegurado en repetidas ocasiones que el Gobierno no tiene intención de privatizar ni contratar a terceros los servicios sanitarios. Pero al mismo tiempo provoca la desconfianza introduciendo sin previo aviso y sin posibilidad de debate en la última Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales la reforma de mayor calado jamás acometida en el sistema sanitario público: la posibilidad legal de su gestión a través de fundaciones.

El debate parlamentario planteado por la oposición debe servir para que el PP exponga con claridad sus ideas sobre la reforma sanitaria. De momento, ni la oposición parlamentaria ni los ciudadanos saben si el modelo de gestión hospitalaria iniciado en Alzira prefigura el del Ejecutivo, ni conocen el cometido y el funcionamiento de las fundaciones sanitarias públicas introducidas con nocturnidad en la ley. Nadie discute que el sistema público de salud debe ser reformado, pero esa reforma debe hacerse con cuidado, con el mayor consenso político posible y, sobre todo, con propuestas claras, debatidas en el Parlamento y expuestas sin ambigüedad a los ciudadanos.