El Gobierno ignora quién controla el agua

El Gobierno ignora la identidad, ubicación, uso y consumo de casi 400.000 acuíferos, el 70% de los que existen en España. Así se recoge en el Libro Blanco del Agua -el borrador del futuro Plan Hidrológico Nacional- y así lo reconoció a EL PAÍS el pasado jueves el director general de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente, Carlos Escartín. "Es la verdad del barquero. No figuran inscritos en el Registro de Aguas y, sin embargo, sabemos que existen por las hectáreas de regadío declaradas, por las fotografías obtenidas desde el satélite y porque disminuyen inexplicablemente los cauces de los ríos", señala Escartín. Precisamente estos destinatarios desconocidos son algunos de los afectados por la posibilidad de ceder su derecho de uso del agua, la medida más polémica del proyecto de reforma de la Ley de Aguas aprobada en el último Consejo de Ministros. Dicho texto, que el Gobierno remitirá esta semana a las Cortes, es el primer paso dado por el PP para modificar la Ley de Aguas que aprobaron los socialistas en 1985. Catorce años después ambas administraciones mantienen dos puntos en común: la consideración del agua como un bien público y el descontrol legal sobre los acuíferos. Ahora, la nueva reforma flexibiliza la compraventa entre titulares de la concesión de las aguas, penaliza con mayor severidad a quienes contaminan los ríos y permite a la iniciativa privada construir obras hidráulicas, como canales y plantas desaladoras.El PSOE anuncia que convertirá esta reforma en su gran arma de oposición en lo que resta de legislatura. Así lo acordaron en una reunión extraordinaria convocada el pasado lunes en la sede central del PSOE en Madrid. La consigna fue unánime: "Concienciar a los ciudadanos, movilizar la calle, informar a cada asociación de regantes y tratar de sumar a la lucha a los ecologistas". El diputado socialista Víctor Morlan, responsable de Política Hidráulica, señala que no escatimarán esfuerzos: "Impediremos que privaticen el agua o que mercadeen con ella". La portavoz parlamentaria en la Comisión de Medio Ambiente, Cristina Narbona, añade: "Recurriremos al Tribunal Constitucional. Es inaceptable que alguien obtenga un beneficio económico por ceder un bien público por cuyo derecho de uso no ha pagado nada".

¿Privatiza realmente el agua la reforma presentada por Isabel Tocino, o instaura el libre mercado del agua? El Gobierno lo niega tajantemente. Y se remite al articulado de la ley. En síntesis, ésta establece que sólo podrán llegar a acuerdos económicos los propietarios de las concesiones de los acuíferos "con usos no privativos", es decir, exclusivamente los regantes y los ayuntamientos.

Los intercambios comerciales se limitan a usuarios de la misma cuenca y sólo puede vender agua quien renuncia a usarla. Esta cautela impide que alguien pueda, por ejemplo, regar su predio y obtener un beneficio económico extra mediante la venta de mayor caudal. De igual manera, quien compra tiene que ser también dueño de una concesión y puede adquirir agua únicamente para la propiedad declarada. Ambas partes tienen que comunicar su acuerdo a la Confederación Hidrográfica. Si este órgano de gobierno de cuenca considera que la transacción se ajusta a la ley, no perjudica a terceros ni revierte contra el medio ambiente, autorizará la operación, a no ser que haya decidido ejercer su derecho prevalente de compra de ese agua. Ni las compañías hidroeléctricas, ni los propietarios de los campos de golf, ni los empresarios de parques acuáticos o piscinas -ni cualquier otro negociante- puede participar en este intercambio mercantil. El precio al que puedan llegar los particulares es libre, aunque la ley se reserva el derecho de fijar un máximo. También se adjudica el derecho de expropiación del agua en situaciones de necesidad. Los expertos consultados opinan que resulta improbable que esta flexibilización del mercado del agua repercuta significativamente en un aumento de la facturas del consumidor urbano, a no ser que el Ayuntamiento, que es quien fija el precio del agua, decida abastecerse del vendedor más caro, lo que resultaría chocante tanto para los ciudadanos como para la oposición municipal.

El especialista José María Sumpsi, coautor del libro Economía y gestión del agua en la agricultura, objeta únicamente a la reforma la ausencia de un precio máximo para unas transacciones "tan tuteladas por el Estado que no pueden considerarse libres, pero que no dejan de afectar a un bien fundamental como es el agua".

El catedrático de Mecánica de Fluidos de la Universidad Politéctica de Valencia Enrique Cabrera, autor de numerosas obras sobre abastecimientos urbanos, opina que resulta "absolutamente injustificada la alarma social creada en torno a una reforma que ni liberaliza el mercado, ni falta que hace, puesto que todos los países del área occidental, salvo Francia, mantienen el control público sobre el agua". La reforma supone, en su opinión, "el chocolate del loro", una mejora de escasa importancia que elude el verdadero problema del agua en España: la ausencia de medidas ahorradoras y la elaboración de un plan riguroso para afrontar las sequías que se avecinan. "Las fugas por el mal estado de las conducciones suponen el mayor despilfarro del agua en España y ni se menciona", dice. Cabrera se muestra escéptico ante la obligatoriedad, también impuesta por la reforma de Tocino, de instalar contadores en los aprovechamientos de agua. "Si la Administración ni siquiera ha logrado saber dónde están los acuíferos, a ver cómo van a vigilar los contadores". Este catedrático apunta al corazón del problema del agua: el desconocimiento sobre quién y cómo se explotan los acuíferos.

El Libro Blanco del Agua estima que los aprovechamientos del agua en España suman 547.866. De ellos, se posee alguna noción sobre 323.403 y de éstos únicamente la mitad -161.953- figuran inscritos en el Registro General de Aguas. El Libro Blanco califica la situación de "muy desalentadora"y da a entender que el descontrol puede ser aún mayor: "Otras estimaciones arrojan cifras mucho más elevadas sobre el número de aprovechamientos existentes", apunta.