El Gobierno de Chile pide un arbitraje con España sobre el "caso Pinochet"

ENVIADO ESPECIALEl ministro de Relaciones Exteriores chileno, José Miguel Insulza, ha resuelto abandonar la idea de plantear un arbitraje con España en el Tribunal Internacional de La Haya en torno a la interpretación de la Convención contra la Tortura en el caso Pinochet, y plantear un arbitraje entre Chile y España a través de un tratado genérico sobre controversias firmado por ambos países en 1927, a fin de entablar una negociación política.

El Gobierno de Eduardo Frei consideró, desde la detención del general Augusto Pinochet, el pasado 16 de octubre, que el comportamiento del Gobierno de José María Aznar estaba guiado por un sentido de la oportunidad política, al proclamar que su papel se había limitado simplemente a ser "correo" de la iniciativa de extradición del juez Baltasar Garzón. Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores entienden que la rápida tramitación de la extradición del ex dictador fuera un elemento importante del "viaje al centro del Partido Popular", pero ahora señalan que Aznar ha llevado muy lejos su actitud."El ministro británico Jack Straw dice que actúa en un sentido cuasijudicial; Aznar sostiene que es un simple correo. Todo esto suena muy hipócrita, porque todos sabemos que no es cierto", dijo la fuente consultada del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El equipo jurídico de la cancillería chilena ha decidido no tomar parte en el proceso de revisión judicial que ha solicitado la defensa de Pinochet en el Alto Tribunal de Justicia el pasado jueves 6 de mayo. Sin embargo, la cancillería quiere, paralelamente, demostrar que prosigue su batalla política por la defensa de la "soberanía jurisdiccional" del Estado chileno. Y sobre todo, desea que el Gobierno español se pronuncie.

La posibilidad de ir a La Haya ha sido descartada, habida cuenta que todos los expertos consultados por el Ministerio de Relaciones Exteriores vaticinaron el fracaso seguro de un arbitraje en torno a la Convención contra la Tortura, amén de la renuncia de Chile a una reserva expresa al citado tratado que podría abrir la puerta a otros pleitos.

El ex director jurídico de la cancillería Eduardo Vio se ha autoatribuido la nueva iniciativa, en el sentido de invocar un viejo tratado de 1927, firmado entre España y Chile, para dirimir genéricamente todo tipo de controversias, un tratado de la época de Alfonso XIII. Sin embargo, fuentes de la cancillería chilena señalan que la iniciativa surgió de un estudio completo de las alternativas existentes. "Vamos a invocar este tratado y tenemos algunas ideas muy creativas para plantear una vez que se construya una mesa de negociaciones", dijo la fuente ministerial a este periódico.

El tratado tiene un alcance genérico. "Las altas partes se obligan a someter a juicio arbitral todas las controversias de cualquier naturaleza que por cualquier causa surgieran entre ellas, siempre que no puedan ser resueltas por negociación directa".

Una vez que Chile invoque ante España este tratado, los dos Gobiernos deberán designar representantes. Según el tratado, el panel estará integrado por un jefe de Estado de una república hispanoamericana o un presidente de la corte suprema o, si así se decide, por jueces y peritos de ambos países o procedentes de Latinoamérica.

El primer paso, empero, sería la negociación directa entre los dos Gobiernos. "Nos gustaría mucho saber qué piensa de verdad el Gobierno español sobre el caso", dijo la fuente ministerial. Aquí todas las fuentes consultadas estiman que el general Pinochet, tras presentar el recurso de revisión judicial, con su juego de múltiples recursos, seguirá una larga temporada en Londres.