Alud de críticas a la decisión de Pujol de cerrar tres emisoras de la Cope en Cataluña

La decisión del Gobierno de la Generalitat de no renovar tres licencias de radio a la cadena Cope en Cataluña ha desatado un alud de críticas desde distintos frentes profesionales y políticos. Se trata del primer caso en la democracia española en que una Administración retira las licencias a tres emisoras en antena. El ministro de Educación, Mariano Rajoy, manifestó ayer que "es un disparate y una forma muy curiosa de entender lo que es la libertad de expresión". Pujol dijo que las emisoras no cumplían las condiciones del concurso y que la libertad no ampara mentir.

Mariano Rajoy manifestó que se opone frontalmente a esta actuación sin precedentes. "Si al final", dijo, " todo el mundo actuara así sólo se iban a renovar las que dijeran lo que conviniese al poder". El Gobierno catalán emitió ayer un comunicado en el que recordaba que el pliego de condiciones para el concurso se publicó en noviembre de 1998. Éste cotenía los criterios y su puntuación. Compromisos como tiempo de emisión, programación propia o pluralidad recibían 10 puntos. Conceptos como vocación histórica del licitador, cuota del catalán -30% del tiempo en emisoras de cadenas estatales- o emitir el 50% en catalán recibían 20 puntos cada uno. Aplicando este baremo, según la Generalitat, la emisora barcelonesa de la Cope en Barcelona, por ejemplo, quedó en séptimo lugar con 112 puntos mientras que Radiocat XXI (Grupo Godó) obtuvo 190. Ayer, el presidente de la Generalitat añadió otro argumento. Fue en L"Hospitalet. Un grupo de vecinos le mostraba su enfado por la decisión y Pujol zanjó el diálogo manifestando que la libertad de expresión no ampara la mentira. Luego, en privado, Pujol comentó a sus colaboradores que había sido un error este comentario.El PP anunció que pedirá explicaciones en el Parlamento catalán. María Teresa de la Vega, del Grupo Socialista, declaró que un presidente "no es la persona adecuada para cerrar emisoras". Sin embargo, el secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, se limitó a recordar que la Generalitat tiene competencia sobre concesiones de radio. El secretario general de Comisiones Obreras, Antonio Gutiérrez, no pudo "evitar pensar" que "hay una tentación de limitar la libertad".

En las emisoras de la Cope en Cataluña había una enorme preocupación, compartida por sus oyentes, que colapsaron la centralita y algunos teléfonos de Presidencia de la Generalitat que facilitaban desde la propia emisora. Las tres frecuencias están en Barcelona, Manresa y Tarragona. En la Cope desconocen cómo y cuando se producirá el inédito cierre que afecta a 30 trabajadores y supondrá que Cadena 100 no se oirá en Barcelona y que la programación convencional no se escuchará en Manresa. Tarragona podría cubrirse desde Reus. Las licencias de las tres emisoras caducaron entre enero y mayo de 1998. Entonces, la Cope se puso en contacto con la Generalitat. Ésta, según fuentes de la emisora, les comunicó que no se procedería a la renovación automática sino que ésta se haría sin problemas en un futuro concurso. La Cope ya presentó un recurso contencioso administrativo cautelar. Ayer anunció un recurso para preservar la libertad de expresión de sus 120.000 oyentes en Cataluña. Juristas consultados por la cadena opinan que la facultad de una administración para retirar una licencia sólo puede basarse en el incumplimiento del servicio esencial de la radio y la Cope nunca ha sido sancionada por ello.

La perplejidad en la Cope es mayor porque las tres emisoras fueron adquiridas por la cadena de los obispos dentro de una operación, que en su día fue considerada política, de compra de Cadena 13. Ésta era un fracasado proyecto radiofónico encabezado por Ràdio Avui y controlado por personas del aparato de Convergència a través de la empresa instrumental Faig, implicada en el caso Casinos como presunta receptora de 300 millones para Convergència. Se creó una sociedad, que mantendría la programación en catalán, en la que la Cope aportaba el 50% y la Fundació Catalana de la Comunicació, otro 50%.

La fundación nunca cumplió con sus obligaciones financieras, según la Cope; tras sucesivas ampliaciones de capital, la cadena episcopal quedó como dueña única. La Cope calcula que reflotarla le ha supuesto una inversión de 900 millones.