La 'guerra sucia' en Córcega salpica ya a consejeros del primer ministro

La responsabilidad del incendio intencionado de un chiringuito en Córcega pudiera no limitarse al ya ex prefecto de la isla, Bernard Bonnet. En Matignon aceptan que "no sería ilógico" que el juez instructor quiera interrogar a algunos miembros del gabinete del primer ministro, en especial a sus consejeros para cuestiones de seguridad Alain Christnacht y Clotilde Valter. En la sede del primer ministro todos sus colaboradores consideran "normal" esa eventualidad y parecen preparados para ella.

El propio Jospin — que ayer recibió en Matignon al sucesor de Bonnet, Jean-Pierre Lacroix, quien el lunes tomará posesión— ha puesto de relieve que "el grave perjuicio causado al Estado de Derecho" por los gendarmes delincuentes ha servido también para "confirmar la existencia misma del Estado de Derecho", en referencia a la velocidad con que está trabajando la Justicia y a las nulas interferencias políticas en la instrucción.

Mientras, el debate sobre donde acaba la responsabilidad en el caso del incendio del chiringuito Chez Francis, frecuentado por nacionalistas corsos, continúa y varias voces han reclamado la dimisión del ministro del Interior, Jean Pierre Chevènement. Como muestra de la alta temperatura política provocada por el caso, los senadores conservadores abandonaron ayer el hemiciclo en señal de protesta al considerar que debía ser Jospin quien respondiera a sus preguntas y no la titular de Justicia, Elisabeth Guigou. La oposición intenta aprovechar al máximo la confusión creada por lo acontecido en Córcega y capitalizar este primer error o problema grave del Ejecutivo de la izquierda plural, sobre todo en un momento de campaña electoral europea en el que centristas y conservadores aparecían desunidos y sin programa.

Ayer, Bonnet pasó su primera noche en la cárcel parisiense de la Santé. Según la fiscalía de Ajaccio, el prefecto, máximo representante del poder central en los departamentos, sólo habría "admitido haber participado en un proceso que concluyó en hechos que él reprueba".

Careo de policías

Sin embargo, Enmanuel Saint Lanne, letrado de dos de los gendarmes detenidos por su participación en el incendio, Lionel Dumont y Franck Pessé, informó ayer de que ambos habían confesado durante un careo su culpabilidad en los hechos.

El fiscal cree que Bonnet "se dejó superar por una situación que no controlaba". El ministro del Interior maneja "dos hipótesis". En la primera, "Bonnet deja que se cree a su alrededor una atmósfera que hacía posible una acción ilegal", mientras que en la segunda, "el prefecto podría ser el inspirador de la operación sin estar al corriente de su desarrollo". Chevènement confiesa "vivir dolorosamente" ambas.

La instrucción recoge ahora otras acusaciones. Según el principal testigo de cargo, el lugarteniente Bertrand Cavalier, el GPS(Reunión de Pelotones de Seguridad) tenía previsto quemar otros chiringuitos ilegales hasta llegar a crear un clima de enfrentamiento entre los distintos propietarios de estas instalaciones, más de treinta en las playas de Córcega.

El chiringuito quemado la noche del 19 al 20 de abril daba unos beneficios netos anuales de 75 millones de pesetas. Existía una orden de derribo desde 1995, pero la Asamblea Regional corsa se había pronunciado contra su ejecución y dos ex ministros de la derecha se plantaron el 9 de abril ante las excavadoras de Bonnet para salvarlo.

Los chiringuitos ilegales son defendidos por los políticos de derecha, por motivos electorales, y por los nacionalistas, que de su protección sacan fondos con que financiar sus campañas.