¿Y dónde dejamos al niño?

Hace un par de semanas, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Manuel Pimentel, prometió en un foro parisiense sobre la paridad promover la creación de nuevas guarderías, pero en su departamento ni siquiera tienen datos sobre la situación a escala nacional; menos aún sobre la mencionada promesa.El año pasado nacieron en España 385.502 niños. Una gran mayoría de ellos, en el seno de una familia en la que tanto el padre como la madre tienen un empleo remunerado. ¿Cómo cuidarán de ellos hasta que llegue la edad escolar? España es uno de los tres países de la Unión Europea que menos infraestructura pública ofrece para el cuidado de la primera infancia.

Casi la mitad de los niños daneses menores de tres años son atendidos en centros públicos o subvencionados. Uno de cada tres pequeños suecos dispone también de tales atenciones. En España, Irlanda y Reino Unido se registra el peor porcentaje de Europa (sólo el 2%) en este terreno. Los datos son de un estudio europeo y datan de 1993. No hay cifras comparativas más recientes.

Y, sin embargo, hay consenso sobre la gravedad del déficit de guarderías en España. La necesidad de una decidida intervención política es "imperiosa", según el último estudio elaborado sobre este asunto. Es un trabajo de un equipo de la Universidad de Barcelona dirigido por Ángel Forner que concluye que en Cataluña están escolarizados (tanto en centros públicos como privados) sólo el 25% de los menores de tres años.

A escala nacional, y según los datos del Ministerio de Educación, las tasas eran muy inferiores hace tres años, si bien todos los cómputos estatales advierten de la escasa fiabilidad de sus cifras. Primero porque las competencias son de gobiernos regionales y ayuntamientos. Segundo porque junto a los centros de financiación pública hay una constelación de guarderías privadas, en número indeterminado, y a ellas acuden mayoritariamente los padres que trabajan fuera de casa.

El estudio catalán ha puesto de manifiesto que allá donde hay oferta crece en igual medida la demanda de centros de calidad donde dejar a los niños y que la gente es más fiel a los centros públicos.

Una subcomisión del Congreso pidió hace dos años extender la red pública de guarderías. "Se han tomado otras medidas", dice la diputada del PP María Jesús Sainz, "como las deducciones fiscales aprobadas por el Gobierno". Porque al Partido Popular, como a CiU, le anima la voluntad de proteger a la familia, pero también de elevar la tasa de natalidad, la más baja del mundo. Pero la meta no es tan sencilla. Como advierte la socióloga Inés Alberdi en su último trabajo, La nueva familia española, el hecho de que las españolas se nieguen a tener hijos no es sólo una cuestión económica, pues tampoco las de mayor renta desean tener descendencia.

Los poderes públicos saben que se necesita una mayor y global atención a la infancia. La precariedad laboral y los altos niveles de paro dificultan enormemente las cosas en España y las medidas tomadas hasta el momento no se acercan ni de lejos a las políticas adoptadas en los países nórdicos, donde se favorecen las ayudas para que los padres tengan hijos y, además, los disfruten.

Tanto el PP como CiU, principales impulsores de aquella subcomisión parlamentaria, aseguran estar mejorando las cosas. La Generalitat de Cataluña ha lanzado un plan para crear 30.000 nuevas plazas en seis años y en la Comunidad de Madrid se han creado en los últimos cuatro años 37 nuevas casas de niños, sumando un total de 93 públicas entre locales y autonómicas.