Una catástrofe humana ignorada

Las muertes causadas por las malas condiciones de trabajo, y por los incumplimientos empresariales de las normas preventivas más elementales, constituyen una catástrofe humana de enormes proporciones, aunque su verdadera dimensión es poco conocida. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el mundo cada año más de un millón de trabajadores mueren en accidente laboral o a causa de alguna enfermedad contraída en el trabajo. Estas muertes superan las causadas por accidentes de tráfico (990.000), son el doble de las producidas por las guerras (502.000) o por la violencia (563.000) y el triple de las relacionadas con el sida (312.000). Los 250 millones de accidentes laborales que se producen anualmente en el mundo causan lesiones irreversibles a millones de trabajadores y la muerte a 335.000. Casi otros tantos mueren por exposición a sustancias peligrosas que les causaron enfermedades cancerígenas, cardiovasculares, respiratorias o del sistema nervioso. El resto mueren a causa del estrés, los sobreesfuerzos y los accidentes de tráfico durante la actividad laboral. Además, 160 millones de trabajadores y trabajadoras contraen anualmente enfermedades profesionales debido a la exposición a sustancias tóxicas o a las malas condiciones de trabajo en que desarrollan su actividad.

La idea de que esas muertes y daños a la salud son una consecuencia inevitable del trabajo está muy extendida. Quizá por ello la sociedad no reacciona frente a semejante catástrofe humana. Pero esa creencia es falsa. La OIT estima que si se adoptaran algunas sencillas medidas de seguridad se podrían salvar unas 600.000 vidas al año, pero no se adoptan por intereses puramente económicos.

Los empresarios consideran que esas medidas suponen un gasto de consecuencias negativas para los beneficios de la empresa, y por ello, con evidente desprecio hacia la vida y la salud de sus trabajadores, eluden su aplicación incluso cuando tales medidas son un imperativo legal. Solamente en los países del norte de Europa, donde hay una amplia cultura preventiva y un respeto empresarial a la legalidad, como es el caso de los países escandinavos, o donde la vulneración de las leyes preventivas es duramente perseguida por el sistema penal, como es el caso británico, la siniestralidad y mortalidad en el trabajo alcanzan niveles menos escandalosos.

No es el caso del nuestro, cuyos índices de siniestralidad laboral son los más elevados de nuestro entorno europeo y cuyo índice de mortalidad en el trabajo (14 muertes anuales por cada 100.000 trabajadores) multiplica por tres el de la media de la Unión Europea (5 por 100.000). O sea que simplemente con un comportamiento similar al de los países de nuestro entorno podríamos evitar dos de cada tres muertes en accidente laboral. No es poco.

Pero aquí la cultura empresarial es escasa y los incumplimientos de las normas preventivas por parte de las empresas son generalizados. Con sólo aplicar las disposiciones legales contempladas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en los reglamentos que la desarrollan se podrían evitar la gran mayoría de las mil muertes y de los 13.000 accidentes graves que anualmente se producen en el lugar de trabajo. Pero las empresas prefieren eludir la ley para ahorrarse así los costes de su aplicación, a pesar de que los accidentes nos cuestan no sólo un tremendo sufrimiento humano totalmente injustificado, sino también 2,2 billones de pesetas al año, lo que supone un enorme despilfarro para las empresas y para los ciudadanos. Los gastos en prevención no pueden ser considerados un mero coste, sino una inversión socialmente necesaria y económicamente rentable.

Desde hace cuatro años, a iniciativa de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), cada 28 de abril se viene celebrando internacionalmente el Día de la Salud y Seguridad en el Trabajo con el propósito de sensibilizar a la sociedad sobre esta problemática, expresar la solidaridad con las víctimas de las malas condiciones laborales y otras formas de producción no sostenibles, y exigir de las empresas el cumplimiento de las disposiciones preventivas. Internacionalmente, este año los actos del 28 de abril tienen una dimensión especial por la atención que se va a prestar a la difícil situación de las mujeres trabajadoras, cuyas condiciones de vida y trabajo afectan de manera específica a su salud.

Las mujeres sufren discriminación laboral, y el trabajo femenino se identifica con actividades de escasa cualificación, donde las mujeres ocupan en general las categorías profesionales más bajas y reciben salarios inferiores. Esta infravaloración social de las actividades desarrolladas por las mujeres, junto al carácter rutinario y repetitivo del trabajo, contribuye a aumentar los riesgos físicos y psíquicos que el trabajo conlleva.

El 62% de las trabajadoras sufre alteraciones musculoesqueléticas debido a trabajos repetitivos, sobrecarga postural e inadaptación ergonómica. Una buena parte de las mujeres trabaja en posturas exigentes, sentadas o de pie, con un ritmo elevado y sin posibilidades de pausas. La mitad de las trabajadoras realiza movimientos repetitivos durante un tiempo superior a la cuarta parte de su jornada y muchas levantan cargas pesadas. Las cajeras de supermercado, en un 40%, padecen tendinitis, tenosinovitis y otras alteraciones musculares debido a que en cada jornada mueven aproximadamente entre cuatro y cinco mil kilos. Las mujeres que se dedican a la limpieza pasan la mayor parte del tiempo agachadas y con la espalda flexionada. Los trabajos de mecanografía, confección, en cadena... exigen movimientos repetitivos a gran velocidad en un grupo pequeño de músculos o tendones.

Las mujeres son más vulnerables a la exposición a sustancias tóxicas, que les provocan trastornos en el ciclo menstrual, esterilidad, abortos o alteraciones genéticas. Un reciente estudio de la Universidad de Toronto (Canadá) demuestra que las mujeres embarazadas que trabajan con disolventes orgánicos ven incrementado notablemente el riesgo de que el feto nazca con malformaciones. Estos disolventes se utilizan especialmente en las industrias del sector textil y de artes gráficas, dos sectores muy feminizados. Además, el grado de abuso, intimidación y acoso sexual es, por lo general, mayor para las mujeres.

Difícilmente puede comprenderse el significado del trabajo femenino si no se tiene en cuenta la doble jornada. Las mujeres se han ido incorporando al mercado de trabajo sin que se hayan producido cambios importantes respecto a quién y cómo se realiza el trabajo doméstico y la atención a la familia. Aunque en los últimos años el reparto de las tareas domésticas y la cooperación entre todos los miembros de la unidad familiar ha aumentado, todavía el peso del trabajo doméstico sigue recayendo sobre las mujeres. El 75% de las mujeres trabajadoras se ocupa de las tareas del hogar frente a un 7% de los hombres. Esta doble presencia, en el trabajo doméstico y en el asalariado, produce sobrecarga de trabajo, agotamiento y estrés, afectando a su salud.

En nuestro país, este 28 de abril de 1999 tiene también una característica peculiar, ya que, a iniciativa sindical y a propuesta de la Comisión Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, el Gobierno español ha publicado una orden ministerial reconociendo oficialmente la celebración anual de esta jornada. Un día, por especial que sea, ya se sabe que no resuelve mucho, pero ayuda a llamar la atención de la sociedad sobre esta catástrofe humana tan ignorada y estimula a quienes día a día venimos trabajando por educar a los trabajadores en la prevención, por obligar a las empresas a aplicar sus obligaciones preventivas y por exigir a los Gobiernos que cumplan y hagan cumplir la ley.