Manga ancha

A LOS seis meses de las elecciones vascas se anuncia la firma de un acuerdo de legislatura que garantice el apoyo de Euskal Herritarrok (EH) al Gobierno de coalición PNV-EA. La necesidad imperiosa de contar con ese respaldo ha ido rebajando el nivel de exigencia de los nacionalistas democráticos hacia los que todavía están en trance de demostrarlo. La coalición gobernante cuenta con el apoyo de 27 diputados sobre 75; poco más de un tercio de la Cámara, y tres escaños menos de los que suman PP y PSOE. Ello explica su fuerte dependencia respecto a EH. Si quiere comenzar a gobernar, el lehendakari necesita contar con un programa y una mayoría estable que lo apoye. Pero eso no es tan sencillo. Por una parte, EH rechaza el marco del Estatuto de Gernika, y ha dicho que sólo apoyaría a un Gobierno cuyo objetivo fuera "iniciar una transición hacia un nuevo modelo" político. Por otra, Ibarretxe advirtió que no gobernaría con el apoyo de partidos que no se desmarcaran claramente de la violencia. Otegi asegura que apuesta por las vías políticas, pero se niega a desvincularse abiertamente de la violencia que se sigue ejerciendo contra los no nacionalistas. Algunos dirigentes de EH la han justificado diciendo que es una respuesta legítima "a la situación de los presos". De ahí la dificultad política de proyectar la euforia unitaria nacionalista en una acción política coherente.

Enfrentado a ese dilema, el nacionalismo no violento ha ido mimetizándose con el radicalismo de EH. Por un lado, radicalizando el discurso anticonstitucionalista; por otro, rebajando sus exigencias respecto a la violencia y mostrándose comprensivo hacia los argumentos -o pretextos- de EH: cuesta frenar, es mejor no dejar disidentes a la espalda, la kale borroka es cosa de incontrolados. Las presiones reservadas del PNV y EA sirvieron al menos para que un portavoz de EH dijera algo así como que la violencia callejera cuadraba mal con la reflexión en curso, y lo cierto es que el pasado fin de semana fue el primero sin las agresiones habituales. Ello significa que, si no un control total, sí tienen al menos influencia sobre los incendiarios.

Pero para que el desmarque tenga significación política deberá ser claro y público. La cosa no es tan complicada: o están o no están dispuestos a defender sus ideas sólo con argumentos y no, como hasta ahora, con el refuerzo del amedrentamiento. La incorporación de la minoría antisistema a la democracia es un objetivo deseable, y es probable que la experiencia del apoyo externo a un Gobierno nacionalista sea un paso necesario para ello. Pero el efecto será el contrario si no hay claridad sobre lo fundamental: se trata de respaldar la gestión de un Gobierno autonómico, y no otra cosa; y no puede haber pacto sin una renuncia inequívoca a la violencia. Ése será el criterio para valorar el acuerdo que se anuncia.