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De asesor de empresa ruinosa a gestor de firma rentable

Desde el 6 de julio de 1992, la funeraria cuenta con una empresa asesora, Invafi. Su presidente es José Ignacio Rodrigo Fernández. Su eficacia, según la querella de IU, fue indudable: 24 horas después de firmar el contrato con la funeraria, le entregó un informe de 332 folios sobre los problemas de los servicios funerarios en Madrid. "Este hecho", siempre según la querella, "revela que Rodrigo ya colaboraba en los planes de privatización de los dirigentes de la funeraria incluso antes del contrato de asesoramiento".

El 15 de julio de 1992, la empresa consultora Maxwell-Espinosa -sigue la querella- "elabora un informe de cara a su privatización: la valoración financiera de la empresa mixta de servicios funerarios". La cifra máxima de valor de la empresa se situaba en 3.000 millones de pesetas. Funespaña fue la que más se acercó a este valor, ya que ofertó 4.059 millones por la adjudicación, mientras que sus competidores no pasaron de 1.350 millones. Rodrigo admite que recibió tal informe.

La funeraria contrató a Invafi para la "asistencia jurídica en litigios ante el Tribunal de la Competencia", pero le abonó por un informe de "status jurídico de la sociedad, estrategia y viabilidad" 12 millones de pesetas más IVA, y otros 19 millones más IVA "por servicios prestados relacionados con el proyecto de integración de capital privado en la sociedad", señala una auditoría de Ernst and Young.

Rastreo de empresas

"Hoy , Rodrigo Fernández es presidente de Funespaña. De la propia información registral se desprende la existencia en el accionariado de Funespaña de distintas compañías , ninguna de las cuales figura en el registro mercantil central, y que podrían ocultar la presencia de Rodrigo Fernández en el capital social de Funespaña", rezaba la querella de IU, que considera que en este caso hubo tráfico de influencias. "Rodrigo utilizó su posición como asesor de la funeraria para influir en las autoridades que conformaban el equipo de Gobierno municipal y conseguir así la adjudicación. Rodrigo realizó supuestamente un uso de información privilegiada a la que habría tenido acceso en el ejercicio de su cargo", señalaba la acusación de IU estudiada por la Fiscalía Anticorrupción, que ha escudriñado los supuestos vínculos del presidente con empresas aparentemente ajenas al mismo.

Rodrigo Fernández niega todas las acusaciones, y defiende la legalidad de su actuación en Funespaña, de la que dice ser socio desde 1993 a través de una empresa, Inverservices.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 25 de abril de 1999