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La fiscalía ve indicios de delito en la privatización de la funeraria

El Ayuntamiento vendió por 100 pesetas el 48% de las acciones a una firmaUn informe del interventor alertó de que el Gobierno municipal valoraba a la baja la funeraria

La Fiscalía Anticorrupción ha apreciado "indicios de delito" tanto en el proceso por el que el Ayuntamiento de Madrid privatizó en 1992 la funeraria como en su posterior gestión, según aseguraron a EL PAÍS fuentes próximas a la institución. Izquierda Unida denunció en 1996 la privatización de la funeraria ante la Fiscalía Anticorrupción, que ha acabado ya su investigación. Sólo resta "calificar jurídicamente los hechos presuntamente delictivos y determinar sus supuestos responsables, como paso previo al ejercicio de acciones penales", labor que se prevé concluir antes del 13 de junio. El fiscal que lleva el caso, Pedro Crespo, declinó dar detalles: "Sólo confirmo que la investigación sobre la denuncia de IU está muy avanzada". El 22 de diciembre de 1992, el pleno del Ayuntamiento decidió privatizar la funeraria. Vendió el 49% de las acciones a la empresa privada Funespaña. La adjudicataria pagó 100 pesetas por el 48,98% de las acciones de la empresa al considerar que el patrimonio neto era negativo, e invirtió en la sociedad otros 200 millones para alcanzar el 49% de participación.

El interventor del Ayuntamiento advirtió entonces de que se estaba valorando a la baja la empresa porque se contabilizaba la deuda de 2.274 millones de pesetas con el Ayuntamiento (correspondientes al pago del personal de la funeraria). El interventor sostenía que la deuda debía ser saldada antes de la privatización. De hacerse así, el valor patrimonial de la funeraria alcanzaría 2.241 millones. Funespaña debería haber pagado, por tanto, 1.098 millones (el 49% del valor patrimonial de la empresa). El equipo popular desoyó tal petición. Y Funespaña pagó 100 pesetas. Porque los 200 millones tampoco fueron al Ayuntamiento, sino que se incluyeron en el capital para cubrir el supuesto déficit patrimonial.

Algunos meses después de vendido el 49% de la funeraria, el pleno municipal aceptó condonar la deuda de 2.274 millones porque, según defendió el PP, así lo habían pedido las tres empresas que se presentaron al concurso de privatización para pujar por la empresa municipal. El Tribunal de Cuentas, cinco años después, aprobó un informe crítico con la privatización. PASA A LA PÁGINA 3

La fiscalía cree que la privatización perjudicó los intereses del Ayuntamiento

VIENE DE LA PÁGINA 1El informe del Tribunal de Cuentas apuntaba múltiples irregularidades y destacaba que la funeraria había recibido indebidamente 2.274 millones al no exigirle el pago de tal deuda el Ayuntamiento. El alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, envió una carta que llegó fuera de plazo, explicando al Tribunal de Cuentas que tal monto era exigible, pero sin precisar plazos ni forma. Tras anunciar el alcalde que tal deuda era reclamable, la Fiscalía Anticorrupción mediante un escrito planteó un interrogante a los gestores municipales: "¿Bajo qué título jurídico se exigía el pago de una deuda oficialmente condonada?".

Hace unos meses, más de seis años después de vendido el 49% de la funeraria, pero pocos días después de que la fiscalía escribiera al alcalde sobre este asunto, el Consejo de Administración de esta sociedad mixta decidió pagar, a plazos y sin intereses, los 2.274 millones de pesetas. Desde que el Ayuntamiento se desprendió de la funeraria, los beneficios han sido multimillonarios (más de 4.000 millones en seis años). Y desde la fiscalía se sostiene que los beneficios no han ido en un 51% al Ayuntamiento, sino en un porcentaje mucho menor, como ya alertaba el interventor general: "La solicitud del 20% por su gestión corporativa supondría que, de los beneficios netos después de impuestos, Funespaña recibiría el 65%, en tanto que al Ayuntamiento de Madrid le correspondería sólo el 35%".

Pedro Bujidos, concejal de Hacienda, se lamenta: "Si se hubiera producido la condonación antes de la privatización, no hubiéramos tenido ese problema, pero todos los licitadores partían de ese supuesto". Un supuesto nunca incluido en el pliego de condiciones, según la investigación de la fiscalía.

Daño patrimonial Las acusaciones formuladas por IU en su denuncia han sido corroboradas, en lo sustancial, por la investigación de la fiscalía, según aseguraron a este periódico fuentes relacionadas con esta institución. Las pesquisas de la fiscalía que preside Carlos Jiménez Villarejo, según personas conocedoras de la investigación, han descubierto suficientes indicios de delito en la privatización de la funeraria por parte de quienes tomaron una decisión supuestamente perjudicial para las arcas municipales y no justificada técnicamente.

El punto de mira de la Fiscalía Anticorrupción, según fuentes próximas a esta institución, no se dirige ni contra el alcalde ni contra cuantos concejales del equipo de Gobierno aprobaron la medida, sino sobre aquellos que desempeñaron un papel decisivo en la privatización al gestionar la información del proceso.

En la investigación no se han hallado indicios de soborno o cohecho para influir en la voluntad de los responsables municipales, según fuentes conocedoras de las pesquisas. Asimismo, la fiscalía ignora si los técnicos municipales condicionaron sus informes a las consignas de los ediles. Esta incógnita sólo podría ser despejada en el curso de un interrogatorio, pero la fiscalía considera que tales pesquisas, de realizarse ahora, deberían ser repetidas posteriormente por un juzgado. El resultado es que se han descartado ya con el argumento de que sólo producirían duplicidad.

En todo caso, la Fiscalía Anticorrupción cree que "desde el Ayuntamiento se favoreció una operación que perjudicaba claramente los intereses del Ayuntamiento, tal y como señaló hace un año el Tribunal de Cuentas".

"Se valoró artificialmente a la baja la empresa, en contra de los informes técnicos, y, segunda irregularidad, se condonó una deuda pública. Y se dio la adjudicación a una empresa no solvente que no podría haberse hecho cargo de la misma de haberse valorado correctamente. No consta que tal trato se hiciera a cambio de algo, pero está claro que supuso el enriquecimiento de determinados particulares que se hicieron cargo de la funeraria", señalan fuentes relacionadas con la fiscalía.

IU denunció que Funespaña no podía ser adjudicataria. "En el momento de la adjudicación a Funespaña de las acciones de la funeraria , sus cuentas anuales reflejan que quien va a gestionar la mayor empresa funeraria de España no es una empresa funeraria. Más parece haberse creado dos años antes con el único objetivo de hacerse con el control de la funeraria, con la connivencia del equipo de gobierno. Así lo indican los siguientes datos: la plantilla de Funespaña es de cuatro personas; el volumen de negocio al mes es de 1.205.195 pesetas, lo que equivale a los ingresos que consigue la funeraria en seis servicios (la empresa efectúa diariamente 70 de estos servicios), y no aparece un solo vehículo para servicio funerario", rezaba la querella.

Pero la Fiscalía Anticorrupción no sólo ha hallado indicios de delito en la privatización de la funeraria: "En la gestión de la funeraria ya privatizada se aprecia un entramado de accionistas que no son quienes dicen ser, sino que representan a un tercero que es a quien realmente van a parar sus beneficios. Con tal atomización accionarial, se dispersan los beneficios. Es una operación de ingeniería financiera muy bien hecha", añaden fuentes conocedoras de las investigaciones.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 25 de abril de 1999

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