La fiscalía ve indicios de delito en la privatización de la funeraria

VIENE DE LA PÁGINA 1El informe del Tribunal de Cuentas apuntaba múltiples irregularidades y destacaba que la funeraria había recibido indebidamente 2.274 millones al no exigirle el pago de tal deuda el Ayuntamiento. El alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, envió una carta que llegó fuera de plazo, explicando al Tribunal de Cuentas que tal monto era exigible, pero sin precisar plazos ni forma. Tras anunciar el alcalde que tal deuda era reclamable, la Fiscalía Anticorrupción mediante un escrito planteó un interrogante a los gestores municipales: "¿Bajo qué título jurídico se exigía el pago de una deuda oficialmente condonada?".

Hace unos meses, más de seis años después de vendido el 49% de la funeraria, pero pocos días después de que la fiscalía escribiera al alcalde sobre este asunto, el Consejo de Administración de esta sociedad mixta decidió pagar, a plazos y sin intereses, los 2.274 millones de pesetas. Desde que el Ayuntamiento se desprendió de la funeraria, los beneficios han sido multimillonarios (más de 4.000 millones en seis años). Y desde la fiscalía se sostiene que los beneficios no han ido en un 51% al Ayuntamiento, sino en un porcentaje mucho menor, como ya alertaba el interventor general: "La solicitud del 20% por su gestión corporativa supondría que, de los beneficios netos después de impuestos, Funespaña recibiría el 65%, en tanto que al Ayuntamiento de Madrid le correspondería sólo el 35%".

Pedro Bujidos, concejal de Hacienda, se lamenta: "Si se hubiera producido la condonación antes de la privatización, no hubiéramos tenido ese problema, pero todos los licitadores partían de ese supuesto". Un supuesto nunca incluido en el pliego de condiciones, según la investigación de la fiscalía.

Daño patrimonial Las acusaciones formuladas por IU en su denuncia han sido corroboradas, en lo sustancial, por la investigación de la fiscalía, según aseguraron a este periódico fuentes relacionadas con esta institución. Las pesquisas de la fiscalía que preside Carlos Jiménez Villarejo, según personas conocedoras de la investigación, han descubierto suficientes indicios de delito en la privatización de la funeraria por parte de quienes tomaron una decisión supuestamente perjudicial para las arcas municipales y no justificada técnicamente.

El punto de mira de la Fiscalía Anticorrupción, según fuentes próximas a esta institución, no se dirige ni contra el alcalde ni contra cuantos concejales del equipo de Gobierno aprobaron la medida, sino sobre aquellos que desempeñaron un papel decisivo en la privatización al gestionar la información del proceso.

En la investigación no se han hallado indicios de soborno o cohecho para influir en la voluntad de los responsables municipales, según fuentes conocedoras de las pesquisas. Asimismo, la fiscalía ignora si los técnicos municipales condicionaron sus informes a las consignas de los ediles. Esta incógnita sólo podría ser despejada en el curso de un interrogatorio, pero la fiscalía considera que tales pesquisas, de realizarse ahora, deberían ser repetidas posteriormente por un juzgado. El resultado es que se han descartado ya con el argumento de que sólo producirían duplicidad.

En todo caso, la Fiscalía Anticorrupción cree que "desde el Ayuntamiento se favoreció una operación que perjudicaba claramente los intereses del Ayuntamiento, tal y como señaló hace un año el Tribunal de Cuentas".

"Se valoró artificialmente a la baja la empresa, en contra de los informes técnicos, y, segunda irregularidad, se condonó una deuda pública. Y se dio la adjudicación a una empresa no solvente que no podría haberse hecho cargo de la misma de haberse valorado correctamente. No consta que tal trato se hiciera a cambio de algo, pero está claro que supuso el enriquecimiento de determinados particulares que se hicieron cargo de la funeraria", señalan fuentes relacionadas con la fiscalía.

IU denunció que Funespaña no podía ser adjudicataria. "En el momento de la adjudicación a Funespaña de las acciones de la funeraria , sus cuentas anuales reflejan que quien va a gestionar la mayor empresa funeraria de España no es una empresa funeraria. Más parece haberse creado dos años antes con el único objetivo de hacerse con el control de la funeraria, con la connivencia del equipo de gobierno. Así lo indican los siguientes datos: la plantilla de Funespaña es de cuatro personas; el volumen de negocio al mes es de 1.205.195 pesetas, lo que equivale a los ingresos que consigue la funeraria en seis servicios (la empresa efectúa diariamente 70 de estos servicios), y no aparece un solo vehículo para servicio funerario", rezaba la querella.

Pero la Fiscalía Anticorrupción no sólo ha hallado indicios de delito en la privatización de la funeraria: "En la gestión de la funeraria ya privatizada se aprecia un entramado de accionistas que no son quienes dicen ser, sino que representan a un tercero que es a quien realmente van a parar sus beneficios. Con tal atomización accionarial, se dispersan los beneficios. Es una operación de ingeniería financiera muy bien hecha", añaden fuentes conocedoras de las investigaciones.