Los ecologistas reclaman que Boliden se haga cargo de los costes del vertido

"Es lamentable que, finalmente, la política del Gobierno sea: el que contamina, cobra". El director de Greenpeace en España, Xavier Pastor lamentó ayer, en un comunicado, que las Administraciones central y andaluza no presionen lo suficiente para "hacer cumplir la ley" y obligar a Boliden, la empresa propietaria de las minas de Aznalcóllar, a hacerse cargo de los costes por el vertido tóxico en el río Guadiamar. La organización ecologista estimó que las tareas de limpieza y regeneración del cauce del Guadiamar costarán 50.000 millones de pesetas y recordó que la empresa propietaria de la balsa minera que reventó el 25 de abril de 1998 sólo ha pagado la limpieza de la zona más cercana a la mina (3.000 millones) y las indemnizaciones a agricultores por las cosechas perdidas, 1.300 millones). "El Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía han decidido pasar la factura a los ciudadanos", sostuvo el director de Greenpeace. La federación verde, Ecologistas en Acción, también señaló, en otro comunicado, la responsabilidad de Boliden y en el desastre minero y exigió el cese de los consejeros de Medio Ambiente, José Luis Blanco, y de Industria, Guillermo Gutiérrez, el comisario de aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Juan Saura, y la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino. Blanco, que inauguró ayer en Madrid una exposición sobre el proyecto de la Junta para transformar el valle del Guadiamar en un corredor forestal, rebajó el coste del desastre a 30.000 millones.