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Editorial:

Lo que nos cuesta Arias

LA SITUACIÓN de los aeropuertos españoles, en particular el de Barajas, afectados en los últimos meses por un caos organizativo permanente y de colosales proporciones, ha hecho crisis por fin. Iberia anunció ayer que se veía obligada a reducir, entre junio y diciembre de este año, un total de 16.368 vuelos, con el fin de aliviar la congestión del tráfico aéreo en Madrid. Esta decisión reducirá la facturación de la compañía en 25.000 millones y provocará unas pérdidas netas de unos 15.000 millones de pesetas. Por su parte, la empresa pública AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) ha anunciado su intención de contratar a 741 nuevos controladores... ¡en cuatro años! Las medidas llegan, desde luego, muy tarde y es probable que resulten insuficientes ante el deterioro registrado en el tráfico aéreo, pero era urgente hacer algo aunque sólo fuera para evitar problemas de orden público en nuestros aeropuertos. Está por ver que una reducción del 6,5% de los vuelos de Iberia y un aumento del número de controladores resuelva el caos de Barajas. Máxime cuando compañías como Spanair y Air Europa han anunciado, en claro desafío al Ministerio de Fomento, que no sólo no reducirán sus vuelos, sino que los aumentarán en periodo de vacaciones. En el mejor de los casos, la reducción anticipada por Iberia evitará momentáneamente un clima de crispación que, por los últimos y vergonzosos acontecimientos vividos en las terminales, como el caso de los viajeros que tuvieron que dormir en el avión, llevaba camino de convertirse en un polvorín social.

Con eso parecen conformarse Iberia y el secretario de Estado de Infraestructuras, Albert Villalta. El caso es que la falta de previsión y de iniciativa del Ministerio de Fomento, de AENA (responsable de la organización del suelo y del aire en los aeropuertos) y de la propia Iberia van a causar un desastre económico de enormes proporciones. Primero, por las pérdidas mencionadas, que tendrá que afrontar Iberia como resultado del recorte de 77 vuelos diarios; después, por la pérdida de prestigio internacional que sufrirán Barajas y el resto de los aeropuertos afectados. España, la primera potencia turística mundial, carece de aeropuertos fiables.

También hay que preguntarse qué utilidad y qué objetivos cumplían las milmillonarias inversiones en la segunda pista de Barajas o las ridículas tentativas de convertir Torrejón en el segundo aeropuerto de Madrid. Fomento ha gastado el tiempo y el dinero de los españoles para acabar recurriendo como solución de urgencia a reducir el número de vuelos, lo cual es un reconocimiento explícito de la incapacidad gubernamental para gestionar el tráfico aéreo español.

El ministro de Fomento intenta explicar el caos permanente de Barajas por la "reorganización del espacio aéreo europeo", agravada con las restricciones de vuelo que está produciendo la masiva intervención militar de la OTAN en Yugoslavia. En la sesión parlamentaria de ayer, en la que el PSOE pidió su reprobación, Arias- Salgado abundó en esta tesis, adobada con la huelga de pilotos, la apelación recurrente a la herencia de los gobiernos socialistas. Pero el caos se instaló en Barajas y en otros aeropuertos españoles mucho antes de la guerra balcánica, de los cambios en el espacio aéreo europeo y de la última huelga de pilotos. No hay mejor prueba que la destitución sucesiva de seis altos cargos de su departamento. ¿O los destituyó en atención a sus méritos?

Fomento, AENA y la propia Iberia no han sido capaces de plantar cara al corporativismo de pilotos y controladores. Durante años ha sido evidente que el número de controladores era insuficiente y que lo sería aún más si la nueva pista de Barajas permitía aumentar el número de vuelos. Y lo mismo cabe decir de la plantilla de pilotos. Ahora resulta que con una pista mayor, capaz de mover más aviones por hora -Arias-Salgado dixit-, no hay otra salida que reducir el número de vuelos para evitar el colapso del aeropuerto de Barajas. Un inenarrable éxito de gestión frente al fracaso de los socialistas.

Los resultados están a la vista: miles de horas de vuelo canceladas, congestión en el tráfico aéreo, viajeros hacinados a la espera de vuelos que quizá nunca despeguen, pérdidas de casi 15.000 millones para una compañía que está a punto de ser privatizada, y un aeropuerto, que debía ser modelo y tránsito obligado entre Europa y Latinoamérica, convertido en un suplicio para sus usuarios y en una instalación onerosa e incapaz de hacer frente a las exigencias de un país turístico. Es un daño tal vez irreparable para la economía española. Nada de esto cambia porque el Gobierno del PP haya conseguido salvar la reprobación de su ministro de Fomento en el Parlamento. Este país no puede seguir pagando lo que le cuesta el ministro Arias.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 21 de abril de 1999