Altos cargos del Gobierno perciben ayudas agrarias millonarias desde 1996

Altos cargos del Gobierno están recibiendo, al menos desde 1996, ayudas agrarias procedentes de la Unión Europea para cultivar lino y cáñamo, pese a que estos productos tienen poca demanda. El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Carlos Moro, y familiares directos del director general del Ministerio de Agricultura, Nicolás López de Coca, suman unos 250 millones en ayudas por cultivo, según reveló ayer la cadena SER.

Las subvenciones fijadas para el cultivo del lino, 120.000 pesetas por hectárea, explican el importante aumento de la superficie dedicada a este producto en los últimos años. De 1.000 hectáreas cultivadas en 1996, se ha pasado a 31.000 hectáreas este año. El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Carlos Moro, y familiares directos del director general del Fondo Español de Garantía Agraria, Nicolás López de Coca, han percibido esas ayudas en los últimos años, según reveló ayer la cadena SER. Moro declaró a la citada cadena que su familia lleva varias generaciones dedicada a la agricultura, que las ayudas que percibe son perfectamente legales y que se siente muy molesto por el hecho de que se pueda sospechar lo contrario.

En concreto, el delegado del Gobierno ha ingresado 47 millones con el cultivo de lino en fincas de Cuenca y Albacete. En el caso del director general, los ingresos por ayudas a las explotaciones -2.000 hectá-reas- que son propiedad de sus tres hijos y de su cuñada ascienden en el mismo periodo a unos 200 millones.

Fuentes del Gobierno regional de Castilla-La Mancha destacaron ayer el fuerte incremento registrado en el cultivo de lino y cáñamo en los últimos años, con una superficie de cultivo que se ha multiplicado por 30 pese a que las condiciones que impone la UE para abordar este cultivo son muy restrictivas (exige contrato de compra de la producción y compromiso de compra de semillas a los productores).

Altos cargos

Las mismas fuentes declinaron calificar el comportamiento de los altos cargos. No obstante, destacaron que, aunque no se pueda tildar de ilegal, sí llama la atención que quien se encargó de negociar y gestionar las ayudas a través del Fondo Español de Garantía Agraria tenga su familia más próxima beneficiándose de dichas ayudas. En relación a la polémica actuación de ambos altos cargos, la ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, aseguró ayer que su departamento hará todos los esfuerzos posibles para erradicar a los "cazaprimas" de subvenciones agrarias que actualmente reciben los agricultores por sus cultivos o su ganado.

"O se acaba con el fraude de las ayudas", dijo De Palacio, "o tendremos problemas serios para que la sociedad ponga a disposición de los agricultores casi un billón de pesetas cada año". La ministra recordó asimismo que el dinero de las ayudas procede de los impuestos de todos los ciudadanos. No obstante, y en relación al caso concreto de los altos cargos relacionados con el cobro de ayudas, De Palacio aseguró que es "materialmente imposible" que en sus actuaciones se hayan beneficiado de información privilegiada relacionada con el reparto de subvenciones. El portavoz de Agricultura del PSOE, Francisco Amarillo, aseguró, por su parte, que la ministra debe explicar el caso.

El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Fernando Moralidad, dijo que el caso que afecta a los altos cargos es un ejemplo de "cómo la información se convierte en renta".

"Es impresentable", declaró, "que el esfuerzo público, las ayudas, vaya dirigido a quienes tienen la información". El portavoz de la organización agraria solicitó al Gobierno que corrija urgentemente los procedimientos de concesión de ayudas, idea en la que coincidió con otro sindicato del sector, la COAG. El dirigente de esta última organización, Miguel Blanco, pidió además una investigación.