Una mujer recurre para que su marido sea tratado en un hospital privado
Rosario Sanz Mateo, de 42 años, ha recurrido al Procurador del Común de Castilla y León con el fin de que su marido, Gregorio de Benito Pascual, de 46 años, pueda ser tratado en un centro privado especial en el que se le pueda aplicar la rehabilitación que precisan sus lesiones, producidas en octubre por un infarto cerebral posterior a un derrame que le mantiene inmóvil. Tres meses antes, había sido corneado por un toro en los encierros de Cuéllar (Segovia). Sólo hay dos centros apropiados en España, en Burgos y en Mondragón, pero son privados. Mientras tanto, la Administración ha dado a la mujer la alternativa de ingresar a su marido en una residencia asistida o en una planta de geriatría, a lo que se niega rotundamente hasta que no agote todas las opciones.
A juicio de esta mujer, que ha tenido que ser ingresada por depresión durante cinco días, un forense privado le da esperanzas sobre una posible recuperación de su esposo, ahora tetrapléjico y sin habla, en uno de los dos centros para enfermos de este tipo. "Lucho porque le lleven al centro donde debe estar y, si en seis meses no se recupera, le llevo a casa o a una residencia", dice.
Con dos hijos, de 15 y 20 años, este matrimonio vivía de un taller mecánico que regentaba Gregorio de Benito en Campaspero (Valladolid), que ha sido vendido por la familia para ir salvando esta crisis, que se inició el 31 de agosto pasado cuando el enfermo, con su hijo menor, acudió a ver la salida de las reses en el encierro de Cuéllar. Un toro rezagado en los corrales le empitonó. Fue trasladado al hospital Gregorio Marañón de Madrid con una herida muy grave por asta de toro en el lado izquierdo de la cara, y perdió el ojo. Dado de alta en octubre, apenas llegó a pasar 24 horas en su casa de Cuéllar porque sufrió un derrame y un infarto cerebral.
El director provincial del Insalud en Segovia, José García Velázquez, asegura que todo está pendiente de la decisión que adopte la Subdirección de Atención Especializada de este organismo, ya que los centros propuestos son privados y no tienen acuerdos con la Seguridad Social.
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