La acusación del "caso Zamora" reclama la imputación del diputado popular Luis Ortiz

El abogado Jacobo Echeverría Torres, representante de la acusación en el caso Zamora, pidió ayer a José Antonio Martín Pallín, magistrado instructor del Tribunal Supremo, que cite a declarar como imputado a Luis Ortiz, diputado del PP y ex ministro de la Vivienda con UCD, previa la remisión al Congreso del correspondiente suplicatorio. Ortiz fue citado por el constructor Antonio Sangregorio como el inductor de un acta notarial en la que éste negaba haber entregado dinero para una campaña de José María Aznar y de la cual se desdijo el martes ante el juez.

En un escrito presentado ante el Tribunal Supremo en nombre de los querellantes del caso Zamora, el abogado Jacobo Echeverría explica que, el pasado día 13, el constructor Antonio Sangregorio declaró "contundentemente" que Luis Ortiz y José Manuel Peñalosa, parlamentarios del PP, junto con José Vicente Maillo, gerente del partido en Zamora desde 1988 hasta la actualidad, le indujeron a negar la existencia "del pago de determinada cantidad de dinero con destino al PP con motivo de una entrevista celebrada entre José María Aznar, actual presidente del Gobierno y en aquel momento candidato por Alianza Popular a la presidencia de la junta de Castilla y León". La cantidad declarada por Sangregorio a la que se refiere Echeverría era de un millón de pesetas para la campaña de Aznar y de medio millón más para el PP. En la reunión, que se celebró en el hotel Meliá, de Valladolid, en abril o mayo de 1987, prosigue, también estuvieron presentes, además de Sangregorio, dos constructores zamoranos. Aunque el escrito no los cita, Sangregorio se refirió en su declaración a César Martínez Omaña y Miguel Vecino.

La negación de esta reunión se plasmó en un "acta notarial de manifestaciones" efectuadas por Sangregorio ante un notario de Madrid el 24 de marzo de 1997, incorporada a las actuaciones del caso Zamora.

Dicha acta, en la que Sangregorio negaba su entrevista con Aznar, sirvió para apoyar la querella por un supuesto delito de calumnia que interpuso en marzo de 1997 el actual ministro de Administraciones Públicas, Ángel Acebes, en nombre del PP, contra el primer denunciante del caso, el constructor Eduardo Corrales, por haber denunciado la citada reunión y el pago a Aznar.

Desmentido falso

En su declaración ante el Supremo, Sangregorio explicó al juez que aceptó firmar el acta con el desmentido falso a cambio de las promesas de ayuda que Ortiz, Peñalosa y Maillo le hicieron para resolver un grave problema económico, de unos 20 millones, que atravesaba. Unas "ayudas que finalmente quedaron en nada", según declaró Sangregorio. Echeverría considera que esta conducta de Ortiz descrita por Sangregorio, "de confirmarse, podría integrar los tipos delictivos configurados en los artículos 390 (falsedades en documento público), 393 (presentación de documentos falsos en juicio) o 456 (acusación falsa), de los que podría ser responsable como inductor el diputado señor Ortiz". "Y parece evidente también", añade, "que, en cualquier caso, los hechos han de investigarse en estas actuaciones y que tal instrucción afecta de modo inmediato y directo a la persona de Ortiz".

Echeverría recuerda en otro punto de su escrito que Ortiz también fue citado por el concejal del CDS de Zamora Luis Rodríguez San León como involucrado "en la adjudicación, al parecer irregular, de una licencia para recalificar unos terrenos de su propiedad, al parecer personal o familiar, en la zona de Las Viñas, de unos 40.000 metros cuadrados". En esta actuación aparece también, según la declaración de Sangregorio, el gerente de la empresa Inzamac, Carlos Rodríguez, a la sazón concejal del Ayuntamiento de Zamora e imputado en la causa.

El letrado señala en su escrito que la citada recalificación urbanística de los terrenos de Ortiz ha comenzado ya a ser investigada por el instructor José Antonio Martín Pallín, quien ha reclamado dos sentencias que, según Echeverría "proporcionarán los datos básicos" para la denuncia del concejal centrista Rodríguez San León de unos hechos que podrían indiciariamente constituir el delito de tráfico de influencias del artículo 404 bis a) del antiguo Código Penal.

El letrado considera que procede oír a Ortiz a la mayor brevedad, por lo que solicita del instructor que curse el pertinente suplicatorio al Congreso.

Por otra parte, el PSOE y el PP continuaron ayer el cruce de acusaciones. El portavoz popular, Rafael Hernando, consideró que el caso va camino de convertirse en "una verdadera payasada". María Teresa Fernández de la Vega, secretaria general del Grupo Socialista, rechazó las "constantes amenazas" del PP y reiteró que Aznar "debe dar explicaciones". A su vez, el portavoz del Gobierno, Josep Piqué, negó que existan contradicciones entre el propio Aznar y el vicepresidente primero, Francisco Álvarez Cascos, sobre si el primero recibía donativos, ya que el segundo se limitó a comentar que eran "legales".