El silencio de la Administración ya es favorable al ciudadano

El silencio administrativo favorece a partir de ahora a los ciudadanos, y la Administración debe responder a sus consultas en un plazo máximo de tres meses. Así lo estipula la reforma de la ley de Procedimiento Administrativo, que ayer entró en vigor. La reforma "busca hacer más sencillos los trámites y más rápidos los procedimientos", según el ministro de Administraciones Públicas, Ángel Acebes.El refrán Quien calla otorga empezó a ser válido ayer en el caso de las reclamaciones del ciudadano ante la Administración: el silencio administrativo favorecerá al ciudadano. Este tipo de silencio, llamado positivo, no funcionaba en el 70% de los casos, según Acebes.

La ley reformada, que data de 1992 y se denomina de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, ya incluía la figura del silencio positivo, pero se habían establecido tantas excepciones que, en la práctica, era habitual el silencio negativo, es decir el favorable a la Administración. Ahora sólo por una ley específica se podrá establecer que la falta de respuesta administrativa pueda entenderse como silencio negativo, o prolongar el plazo de respuesta hasta seis meses.

Además, la ley reformada recupera otra figura extinguida en 1992, el recurso de reposición, que permite al ciudadano recurrir ante el mismo órgano que dictó un acto administrativo. Ello hará que ya no será necesario acudir a los tribunales en muchos casos: por ejemplo, hasta ahora, si un ciudadano pedía una licencia en su Ayuntamiento y se le denegaba, tenía que acudir al Tribunal Contencioso-Administrativo.

Por otra parte, la reforma prevé la constitución de una comisión interministerial, que tratará de reducir a 10 categorías generales los 2.100 procedimientos administrativos actualmente existentes. La comisión se encargará además de adaptar el silencio positivo a cada uno de los procedimientos, para lo que la ley fija un plazo de dos años; en cuanto a la simplificación de procedimientos, reducción de su número y reducción de trámites, la ley prevé el plazo de un año.