Pujol, Martínez y la balanza fiscal JOAN COSCUBIELA

Desde que el presidente Pujol nos anunció que ahora sí tocaba hablar de fiscalidad y financiación, he estado dudando sobre la oportunidad y utilidad de intervenir en un debate que se inicia con las cartas marcadas. Hay demasiados motivos para pensar que estas reflexiones sólo son útiles y permiten avanzar si se descontextualizan de las elecciones. Pero la información de Francesc Valls aparecida en este periódico sobre el acto del presidente en la Asociación de Vecinos de Sant Martí de Provençals, que preside el compañero Manuel Martínez, y la amenaza de su generalización por toda Cataluña me ha hecho salir de dudas, porque creo que los riesgos de enfocar, como se está haciendo, el problema de la financiación autonómica son muchos y peligrosos. Vaya por delante que, en mi opinión, el actual modelo de financiación de las comunidades autónomas está agotado y tiene efectos perversos. No existe relación alguna entre la fuerte descentralización política de los últimos años y el modelo de financiación de las autonomías. Además aparecen ante la ciudadanía como administraciones fiscalmente irresponsables, en la medida en que deciden sobre las políticas de gastos y en cambio no tienen prácticamente ninguna competencia en la recaudación de los impuestos necesarios para financiar estos gastos. A ello se suma la inexistencia de mecanismos de información para conocer qué incidencia tiene la fiscalidad en la redistribución personal y territorial de la renta. En consecuencia, es necesario apostar por una reforma consensuada del modelo de financiación de las comunidades que para Cataluña debe suponer capacidad normativa en la modulación de determinadas figuras impositivas y capacidad de recaudación de los impuestos en el marco institucional de una potente agencia tributaria con gestión consorciada; un modelo basado en los principios de suficiencia, corresponsabilidad, esfuerzo fiscal y solidaridad. Creo erróneo y contraproducente para las ideas de progreso y para la ciudadanía que se pretenda mezclar el modelo de financiación con la balanza fiscal. Aunque ya se sabe que el agravio comparativo es un potente motor de las reivindicaciones y hasta de una determinada visión de la historia. Tan potente como peligroso. Y de paso sirve para abordar la realidad fiscal desde la óptica exclusivamente territorial, pretendiendo que olvidemos su incidencia en la distribución personal de la renta, como si en Cataluña o en Andalucía no existieran ricos y pobres ni distintos niveles de renta, y hubieran desaparecido las diferencias sociales. Ya para los trabajadores es especialmente peligroso que se nos haga creer que el problema de la falta de escuelas y equipamientos sociales en Cataluña tiene su origen en la balanza fiscal con el resto de España, y no en la política fiscal y de privatización de importantes ámbitos de la economía y la sociedad. El presidente Pujol debería saber que la diferencia en la educación secundaria no se da, como se atrevió a decir en el acto, entre dos institutos públicos como el Infanta Isabel de la Verneda y el Menéndez Pelayo de Via Augusta. La diferencia la encontrará con algunos centros privados -la mayoría religiosos- financiados con recursos públicos que pueden ofrecer con cuotas sumergidas, pagadas por los padres, servicios que deberían cubrir para toda la enseñanza obligatoria los presupuestos públicos. Y el déficit de financiación de la enseñanza debe tener solución en el marco de un compromiso de financiación estable de la LOGSE, tal como CC OO y 600.000 personas propusimos con una iniciativa legislativa popular al Parlamento español, la cual que fue rechazada con los votos de CiU, entre otros. De la misma manera, las dificultades de financiación de la sanidad no tienen su principal razón de ser en ningún agravio especial para Cataluña. La ciudadanía debe saber que desde 1986 a 1996 la Generalitat recibió de manera transitoria un porcentaje de gasto sanitario per cápita superior a la participación de la población catalana en la media estatal, después de una negociaciones del consejero Cullell con el ministro de Economía de la época. A pesar de ello, los recursos que Cataluña recibió para sanidad eran insuficientes, porque cada año el Parlamento español aprobaba, con los votos de CiU entre otros, unos presupuestos sanitarios a sabiendas escasos, con el argumento de reducir el déficit público. En materia de balanzas fiscales, es necesario ir por partes y abordarlo siempre en positivo. Existe una diferencia evidente entre lo que el conjunto de ciudadanos catalanes aportamos fiscalmente y lo que recibimos en forma de servicios o inversiones, lo que no prejuzga que esa diferencia afecte por igual a todas las personas ni a todos los sectores sociales. A mi entender -y eso es lo que deberíamos discutir de manera seria-, sólo una parte de este desequilibrio estaría justificado en términos de solidaridad. Pero el origen de esta injusticia tiene también una base social, y no sólo territorial. Es la consecuencia de las políticas impuestas en estos últimos años; por un lado, la reducción del déficit público a partir de menos gastos sociales y menos inversiones, acompañada de un proceso de desfiscalización de las rentas del capital y el patrimonio, y por otro, la privatización de áreas importantes de la sociedad. Ahí es donde el presidente Pujol y los que le acompañan incurren en la mayor incongruencia. No se pueden pedir más inversiones públicas para Cataluña y en paralelo estar apoyando, cuando no impulsando, la reducción de impuestos al capital -plusvalías del capital financiero...- como ha sucedido en los últimos años. Aunque no se diga explícitamente, ése es el sentimiento y las ideas que algunos están transmitiendo (basta con escuchar las conversaciones en las empresas, plazas o bares de nuestras ciudades). De ahí uno de los peligros que a medio plazo se corre planteando las cosas en estos términos. Si los ciudadanos catalanes aportamos fiscalmente entre el 120% y el 125%, con relación al 100% de media española, ello responde a la mayor riqueza relativa que tenemos en conjunto y calculada per cápita. Así, en 1997 nuestro PIB por habitante era un 23,7% superior a la media española. Y mientras que nosotros hemos alcanzado prácticamente la media del 100% de renta per cápita de la Unión Europea, España mantiene aun un diferencial negativo. En todos los países con un sistema fiscal progresivo los territorios con más renta tienen una mayor aportación fiscal, y ello con independencia del mayor o menor grado de descentralización política de sus instituciones. No creo que nadie pueda plantear una reducción del esfuerzo fiscal, porque tanto Cataluña como España tienen una presión fiscal baja en términos comparativos con la de los países de la UE. El problema reside en la falta de gasto social e inversiones públicas que en el terreno de las infraestructuras y de los derechos sociales ha venido recibiendo Cataluña tanto de la Administración del Estado como de la Generalitat, que es una de las instituciones que menos proporción del gasto público dedican a inversiones. Si de verdad quiere plantearse el problema en beneficio de los ciudadanos catalanes y no en clave de agravio comparativo y como elemento de agitación partidista, la solución pasa por un nuevo modelo de financiación y también por un significativo incremento del gasto social y en infraestructuras públicas. En definitiva, apostar por una fuerte discontinuidad con las políticas fiscales de estos últimos años.

Joan Coscubiela es secretario general de CC OO de Cataluña.