Investigados un alto cargo de Exteriores y ex dirigentes de la patronal valenciana

La Confederación Empresarial Valenciana (CEV) cometió "serias irregularidades" gestionando las ayudas del Estado para la formación continua de trabajadores entre 1993 y 1995 "que hacen pensar en la existencia de operaciones premeditadas con la intención de no dar el destino legalmente establecido a las subvenciones económicas recibidas". Esta denuncia figura en el informe del fiscal del Tribunal de Cuentas, Enrique Abad, remitido a la Fiscalía Anticorrupción y al fiscal jefe de Valencia. El Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia ha abierto una investigación.

El fiscal, que considera que la Administración debe reclamar a la CEV 190 millones de pesetas más los intereses de demora, concluye que "será conveniente" que se abran "diligencias en el ámbito de la jurisdicción penal". Así, su informe ha derivado en la investigación abierta por el Juzgado número 9 de Valencia. Este órgano, asistido por la Fiscalía Anticorrupción, ya tenía, sin embargo, conocimiento del caso al haberse hecho cargo de otra indagación preliminar por parte de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia valenciano.Durante los tres años investigados, el secretario general de la CEV era Luis Espinosa Fernández, muy cercano al PP y actual secretario general de la Agencia Española de Cooperación Internacional, dependiente de Exteriores y encargada de la ayuda al desarrollo y humanitaria. El instructor citó a Espinosa como imputado el 24 de marzo junto con otros cuatro ex responsables de la patronal valenciana, entre ellos su ex presidente José María Jiménez de Laiglesia.

En su informe, el fiscal recopila las irregularidades de la CEV: justificantes dobles, percepción de fondos destinados a financiar una actividad ya subvencionada, falta de documentación justificativa, justificación con una misma factura de hasta cuatro subvenciones o varias anualidades... Esto, prosigue, "hace pensar que un elevado número de cursos no se hayan llevado a la práctica, por lo que habrá que investigar qué (...) finalidades se han dado a esas cantidades".

El asunto adquiere tintes políticos con la comparecencia, hoy, del presidente del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto, ante la comisión mixta Congreso-Senado para dar cuenta de su fiscalización de la gestión de los fondos de formación por organizaciones patronales y sindicales.

La oposición socialista tiene la intención de promover una resolución instando al tribunal a ahondar y ampliar su investigación en el caso de Valencia, así como de exigir responsabilidades políticas por el nombramiento por el Consejo de Ministros, en mayo de 1996, de Espinosa al frente de la Agencia Española de Cooperación Internacional.