La Fiscalía de Menores de Madrid investiga a la principal agencia de adopción de niños rusos

La Fiscalía de Menores de Madrid investiga por supuesto engaño, estafa y coacciones a la principal agencia autorizada por el Gobierno autónomo para gestionar la adopción de niños rusos. La denuncia parte de dos familias que contrataron a la Asociación Internacional para la Protección y Ayuda de los Menores Rusos (AIPAMR), la primera entidad española autorizada a trabajar en Rusia y la que más adopciones ha tramitado allí (130). El Gobierno de Madrid le ha suspendido la autorización para operar en Moscú, en donde era la única española acreditada. Cien familias, muchas de las cuales ya han pagado dos millones de pesetas, esperan la entrega de sus hijos adoptivos, bloqueada por Rusia en noviembre.

Las familias acusan a la agencia -cuyo presidente, Manuel Luna, compareció ayer ante el fiscal-de ocultar información "esencial" sobre el estado de salud, la edad y la existencia de familia biológica de los menores; de cobrar más de lo necesario aunque se trata de una entidad sin ánimo de lucro, y de no contar con los profesionales adecuados para cumplir con su trabajo. Sus quejas han sido corroboradas por al menos otras 10 familias que ya tienen a sus hijos en España, pero no se atreven a denunciar la situación. Esta agencia fue la primera entidad acreditada en España para tramitar adopciones en Rusia, en 1997.Una de las familias denunciantes adoptó a dos niños con graves enfermedades, de las que no habían sido informados, y el mayor de ellos, de 10 años, que no quería abandonar su país, fue traído con engaños, según aseguran la familia y el niño, y bajo la promesa de que volvería. Cuando los niños llegaron a Madrid, hace un año, los padres adoptivos conocieron que uno sufría una grave enfermedad congénita y que el otro tenía malformaciones. Los adoptantes aseguran que no habían sido informados, a pesar de que durante el proceso se les preguntó si estaban dispuestos a hacerse cargo de un niño con problemas de salud, a lo que esta pareja madrileña contestó que no se sentiría "capaz".

Esta pareja se siente impotente y engañada. Culpa de ello a los responsables de la agencia y considera cómplice del "calvario" que aún sufren al Instituto Madrileño del Menor y la Familia, el organismo de la Comunidad de Madrid encargado de supervisar todos los procesos de adopción y de autorizar y vigilar la forma en que trabajan las entidades privadas de adopción internacional.

La otra familia que se ha dirigido a la sección de menores de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid lleva un año esperando para traerse a un menor al que ya conoce. Esta pareja también acusa de coacciones a los responsables de la agencia. "Recurren al chantaje emocional, a la amenaza de que te vas a quedar sin el niño si protestas", asegura.

Las otras familias que respaldan las quejas, aunque no las han formalizado ante la fiscalía, las comunicaron en su momento al Instituto Madrileño del Menor.

La acreditación de la agencia venció el pasado 24 de marzo, pero "el conjunto de quejas" presentadas por las familias entre diciembre del año pasado y febrero obligó a los responsables de la Comunidad de Madrid a no renovarla, según explicó ayer la gerente del Instituto Madrileño del Menor, Esperanza García, quien asegura que la decisión ya ha sido comunicada a las autoridades rusas.

Esto significa que la entidad no podrá trabajar en Moscú para las familias madrileñas, si bien deberá concluir el trabajo pendiente: 100 de ellas están a la espera de resolver sus adopciones en esa región rusa, según datos de la Comunidad de Madrid.

De estas familias, algunas han pagado ya las 750.000 pesetas que fija el contrato aprobado por la Comunidad, y han realizado el primer viaje a Moscú, que supone otras 231.000 pesetas más para pagar los servicios de traducción y conductor, más 26.180 pesetas diarias por alojamiento durante al menos 10 días. En total, un mínimo de 1.200.000 pesetas, aunque muchas familias aseguran que han pagado más de dos millones.

El Instituto Madrileño del Menor ha iniciado además una investigación más amplia para aclarar las supuestas irregularidades cometidas por la agencia. Estos hechos no impiden que ésta siga trabajando en el resto de las comunidades autónomas en las que está acreditada -Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia y el País Vasco-, ni en las otras cuatro regiones rusas en las que está autorizada.

La reacción de la Comunidad de Madrid llega tarde para los denunciantes, cuyas primeras quejas entraron en registro del Instituto Madrileño del Menor hace más de un año, según las parejas. De hecho ambas tienen sus casos en manos de abogados.

La agencia ya ha recurrido la decisión de la Comunidad de no dejarle trabajar en Moscú, según Manuel Luna, presidente de la asociación. Éste aseguró que ha recibido cartas de adhesión de más de 100 familias y restó credibilidad a las denuncias. Las familias tienen, sin embargo, otros frentes abiertos: las oficinas del Defensor del Pueblo y del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid.