Colonos de Larios protagonizan una marcha contra los desahucios y reclaman indemnizaciones "justas"

Unos 150 colonos de Larios recorrieron ayer a pie los 14 kilómetros que separan Nerja de Torrox para protestar contra los desahucios ordenados por la Audiencia de Málaga y exigir indemnizaciones "justas" por las mejoras realizadas en las fincas, propiedad de la sociedad azucarera. Los agricultores retomaron las movilizaciones tras conocer que el viernes se procederá al lanzamiento de un arrendatario que lleva 28 años cultivando las tierras. La Junta y la Subdelegación del Gobierno se han comprometido a mediar para que ambas partes alcancen un acuerdo.

"Larios no puede pretender que gente que lleva toda una vida aquí se vaya con una mano atrás y otra adelante", protestó Encarna Moreno, portavoz de los colonos. Rafael Moya, el agricultor que será desahuciado dentro de tres días, calcula que ha gastado casi 12 millones en transformar "rocas y boquetes" en una finca cultivable. El peritaje de la sociedad valora la mejora en 1,4 millón. Su caso ha reavivado un conflicto que hace dos años llevó a los colonos a protagonizar cortes de carreteras, manifestaciones y hasta un encierro de dos semanas en las cuevas de Nerja. Las tierras objeto de la discordia están situadas en el litoral oriental, a escasos metros de la playa, en una de las pocas zonas de la provincia que se salvaron del boom turístico. En las fincas de Maro, una pedanía nerjeña limítrofe con Granada, la empresa prevé construir urbanizaciones "ecológicas" para un turismo de alta calidad. Rafael Cabello, portavoz de Larios interpretó la marcha como "una medida de coacción" para conseguir compensaciones "desorbitadas". "Llevamos dos años haciendo un esfuerzo negociador, pero se piden cantidades abusivas. Hemos hecho ofertas para evitar conflictos; si no hay acuerdo la única la única vía es la judicial", dijo. La empresa sostiene que ha estimado los pagos en base a la diferencia de tierra cultivable que había en los primeros contratos y la que hay en la actualidad. La sociedad tiene dos frentes abiertos con sus arrendatarios. En el caso de los no históricos, la legislación reconoce a Larios el derecho a recuperar las parcelas, previo pago de las mejoras. La Audiencia provincial ha autorizado varios desahucios, pero el desacuerdo persiste en la cuantía de la indemnización. En el caso de los históricos los que ocupan las fincas desde antes de 1942] la polémica continúa porque Larios desconoce como tales a la mayoría. Este grupo ha interpuesto 166 demandas de acceso a la propiedad, bloqueadas porque las juntas arbitrales no determinan el valor de las fincas. La Junta, de la que dependen estos organismos, justifica el retraso en que muchas de las parcelas ni siquiera están delimitadas en el catastro. A su vez, los colonos argumentan que muchos no pueden probar su historicidad porque Larios renovaba los contratos sin dejar constancia del anterior. Moreno pidió que se invierta la prueba: "Que la empresa demuestre quién ha ocupado las tierras durante estos años".