Straw da plazo hasta el 7 de abril para alegar sobre el 'caso Pinochet'

El ministro británico de Interior, Jack Straw, comunicó ayer a los cuatro participantes en el juicio sobre la inmunidad del general Augusto Pinochet que tienen de plazo hasta el próximo miércoles 7 de abril para presentar alegaciones escritas sobre la situación creada tras el fallo de los jueces lores que redujo el caso contra el ex dictador chileno a los delitos de tortura y conspiración para torturar.Según anunció el abogado Jonathan Sumption en el Alto Tribunal de Justicia, el pasado lunes 29, Straw desea reconsiderar la situación a la luz de la recomendación de seis de los siete jueces lores, para lo que ha solicitado un plazo adicional, hasta el 15 de abril, a fin de recibir alegaciones escritas antes de tomar una nueva decisión.

Las dos partes en el caso son Augusto Pinochet y el Servicio de Fiscalía de la Corona en representación de España. A ellos se suman otros dos intervinientes: Amnistía Internacional -que representa a otras cinco organizaciones de derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch de Nueva York- y el Gobierno de Chile.

Mientras tanto, la policía británica y el Servicio de Fiscalía de la Corona mantiene ahora mayor interés en el caso incluso que antes de la reciente decisión de los lores, del pasado miércoles 24, según dijeron fuentes jurídicas a este periódico. El hecho de que los lores hayan subrayado que el Reino Unido tiene jurisdicción, tras convertir en ley interna el Convenio Internacional Contra la Tortura firmado el 8 de diciembre de 1988, es interpretado como una alternativa para perseguir a Pinochet si llegase a fallar la extradición a España.

"Es la segunda opción, ya que la Fiscalía británica respetará la prioridad española", dijo una de las fuentes. Tras el auto del juez Baltasar Garzón, del pasado viernes 26, la policía británica tiene autorización para utilizar la documentación enviada al Reino Unido y proceder en consecuencia si fracasa la extradición a España.

La firma de la Convención

El Reino Unido, bajo el Gobierno de Margaret Thatcher, firmó la Convención Internacional contra la Tortura el 15 de marzo de 1985, tres meses después de que fuera adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1984, y se reservó su propia interpretación hasta la ratificación.El 29 de septiembre de 1988 se formalizó la situación y dos meses después, el 8 de diciembre de 1988, el convenio entró en vigor en el Reino Unido. Las obligaciones resultantes, a iniciativa del Gobierno, fueron incorporadas a la ley de Justicia Criminal. En el caso de Chile, el Gobierno de Augusto Pinochet ratificó en octubre de 1988 la Convención contra la Tortura.

Ambos, Thatcher y Pinochet, mantuvieron un encuentro el pasado viernes en la casa que alquila el ex dictador en Virgina Water, Surrey, dos días después de que los jueces lores estimasen que, jurídicamente hablando, existía la obligación de perseguir penalmente a Pinochet en el Reino Unido precisamente por las obligaciones derivadas de la Convención Internacional o de entregarlo a España.