CLH amenaza con romper su acuerdo y trasladar todas sus instalaciones a Cantabria

El traslado de CLH, la principal planta de almacenaje de combustible de Euskadi, al superpuerto de Santurtzi se complica. Las exigencias del municipio, gobernado por el PSE, de recibir una contraprestación económica de 1.000 millones de pesetas (unos seis millones de euros) y diversas infraestructuras han llevado a la antigua Campsa a amenazar con trasladar todas sus instalaciones a Cantabria, donde incluso recibiría una subvención del Gobierno regional, del PP. Después de 18 meses de negociaciones, el acuerdo final no llega. Las instituciones vascas son las principales interesadas, puesto que el mantenimiento de CLH proporcionaría 6.000 millones anuales en impuestos.

Cuando finalizó, en octubre de 1997, la concesión de 25 años para que la antigua Campsa mantuviese sus 24 tanques de hidrocarburos en Muskiz, junto a la playa de la Arena, se abrió un largo proceso de negociaciones. La Diputación vizcaína se apresuró a contactar con CLH para buscar un nuevo emplazamiento a sus instalaciones en este territorio, puesto que estaban en juego cerca de 6.000 millones de pesetas anuales en impuestos. Tras barajar otras posibilidades, como un polígono industrial en Ortuella, las autoridades vascas y CLH llegaron a un acuerdo a finales del pasado año para ubicar todas las instalaciones de la antigua Campsa -tanto las de Muskiz como otros tanques existentes en Santurtzi- en la zona conocida como El Calero, en el superpuerto. El contratiempo fue entonces la exigencia del Ayuntamiento de Santurtzi: pedía 1.000 millones de pesetas de contraprestación por acoger una instalación que beneficiaría a toda Euskadi, así como la ejecución de toda una serie de infraestructuras, como un polideportivo, un frontón, un parque de 60.000 metros cuadrados y la conversión de uno de los tanques de combustible ubicados en Santurtzi en un centro social. Según fuentes de la negociación, esta petición ha motivado que los contactos mantenidos entre las cinco partes implicadas -Ayuntamiento, Diputación, Gobierno vasco, Puerto de Bilbao y CLH- se hayan roto en cinco ocasiones. Diputación, Ejecutivo, Puerto y empresa se niegan a poner por sí solos los 1.000 millones, y se ha planteado sin éxito un desembolso a partes iguales entre Diputación, Gobierno y Puerto o incluyendo también a CLH. La antigua arrendataria del monopolio se ha negado desde el principio a cualquier tipo de contraprestación económica, al argumentar que se trata de una concesión, sin que ni siquiera pueda acceder a la propiedad de los terrenos. Las instituciones vascas también se han mostrado reticentes a cualquier desembolso económico. Ante el nulo avance -sin el permiso municipal la compañía de hidrocarburos no puede trasladarse a El Calero-, CLH amenazó el pasado mes con marcharse al cercano municipio cántabro de Castro Urdiales. La compañía, que mantiene la negociación principalmente con la Diputación vizcaína, expuso que dispondría de terreno propio gratis y una subvención cercana a 750 millones por parte del Gobierno de Cantabria. CLH está interesada en zanjar rápidamente el problema de su nueva ubicación, toda vez que en octubre de 2002 finaliza la moratoria de cinco años para abandonar sus instalaciones de Muskiz. Su plan de traslado prevé cerrar la actividad en esta zona a finales del próximo año y, en 2001, clausurar sus tanques de Santurtzi, por lo que los plazos no están lejanos. Las labores de traslado, según los cálculos de la empresa, tendrán un coste de cerca de 8.000 millones de pesetas, de los que sólo el movimiento de tierras supondrá 2.500 millones. Los grupos socialista, peneuvista y popular del Ayuntamiento vizcaíno coinciden en que haya una contraprestación económica por la permanencia de la antigua Campsa. Fuentes municipales rehuyeron confirmar o desmentir las amenazas de la compañía de hidrocarburos. CLH depositó el pasado año un aval de 750 millones como garantía del cumplimiento de la descontaminación de la zona de marismas que ocupa en Muskiz. En el plan de recuperación presentado en noviembre ante la Demarcación de Costas, se compromete a devolver casi la mitad de la superficie al estado que tenía hace 30 años. Además, se regenerará el terreno in situ mediante el tratamiento de suelo y aguas, con lo que no sería necesario el confinamiento o traslado de las tierras contaminadas. Todo este proyecto requerirá una inversión de 740 millones de pesetas y una duración de dos años.