Un alto cargo de Trabajo cobró una indemnización indebida al dejar Forcem

El director general de Ordenación de las Migraciones del Ministerio de Trabajo, Juan Aycart, cobró en abril de 1995, fecha en la que dimitió como director económico de Forcem (Fundación para la Formación Profesional Continua), una indemnización de seis millones de pesetas que, de acuerdo con el informe del Tribunal de Cuentas remitido a las Cortes, ni estaba pactada en su contrato ni era procedente.El tribunal describe la situación irregular de Aycart, designado director general de Migraciones tras el nombramiento de Manuel Pimentel como ministro, en las páginas 24, 57, 58 y 59 de su informe, al que ha tenido acceso este diario. Según su contrato, Aycart sólo tenía derecho a ser indemnizado en caso de desistimiento de la Fundación o por despido improcedente.

No es el caso, puesto que Aycart abandonó el Forcem de manera voluntaria, según los partes de baja de la Seguridad Social. El director técnico de la Fundación, Juan Ramón García Moreno, dejó este cargo a la vez que Aycart y en las mismas condiciones.

Aycart negó ayer haber cobrado "indebidamente" los seis millones. Éste aseguró que su cese lo pactó con la junta de gobierno de Forcem. En cuanto a las causas, Aycart dijo que se produjo por diferencias con los entonces responsables de la Fundación. Del parte de la Seguridad Social en el que se describe su cese como voluntario, el alto cargo dijo: "No se cómo lo reflejaron".

El ex director económico de Forcem prestó declaración el pasado miércoles en el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, el encargado de investigar el supuesto uso irregular de los fondos de formación que, procedentes, entre otras instituciones, de su entidad, gestionó la patronal valenciana entre 1993 y 1995. Aycart, que compareció ante el juez en calidad de testigo, negó durante más de una hora de interrogatorio la comisión o conocimiento de cualquier práctica irregular o ilegal en la fundación compuesta por organizaciones empresariales y sindicatos. Concretamente, y a preguntas del fiscal anticorrupción encargado del caso, Vicente González, negó tener constancia de que la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) hubiera duplicado facturas o hinchado gastos para percibir subvenciones injustificadas.

Cinco ex altos cargos de la patronal valenciana ya han sido imputados por su posible participación en un delito contra la hacienda pública. Uno de ellos, Luis Espinosa, actual secretario general de la Agencia Española de Cooperación Internacional, declarará el próximo 21 de abril.