Ignasi Farreres anuncia que dejará el Gobierno catalán al final de la legislatura

El consejero de Trabajo de la Generalitat, Ignasi Farreres, dejará sus responsabilidades de gobierno en el Ejecutivo catalán al final de la actual legislatura. Farreres anunció esta decisión ayer en el Parlament después de superar una moción de reprobación, presentada por el grupo socialista, contra su política de reparto de los fondos de formación ocupacional y unos meses después de que Jordi Pujol le prohibiera presentarse al Parlamento Europeo. Una vez más, el Partido Popular se prestó al rodillo convergente para salvar de la quema a otro consejero.

El democristiano Ignasi Farreres es uno de los consejeros más antiguos del Gobierno de Jordi Pujol -fue nombrado en julio de 1988- y de los pocos que el presidente ha mantenido durante estos años en un mismo departamento. Ayer, en el pleno del Parlament, Farreres ya dejó entrever su marcha y después la confirmó a la prensa una vez revocada la moción de reprobación. "No estoy cansado, estoy trabajando más que nunca, pero considero que durante estos once años y medio ya he cumplido mi misión al frente del Departamento de Trabajo", declaró el consejero de Unió Democràtica (UDC). Farreres recomendó a continuación a todos los políticos, sin especificar partido de gobierno u oposición, que reflexionen sobre la permanencia en un mismo puesto durante cierto periodo de tiempo. Fuentes de UDC señalaron que Ignasi Farreres se incorporará de nuevo a La Caixa, donde ocupó una subdirección general. Farreres se sintió ayer muy seguro de sí mismo. Anunciaba su despedida y sabía de antemano que el PP, por muchas salidas de tono que haya tenido en los últimos días a raíz de las críticas convergentes al ministro Josep Piqué, no le dejaría en la estacada y votaría contra la reprobación. Además, nada menos que otros seis colegas suyas, consejeros de la Generalitat, acudieron a la sesión parlamentaria como muestra de apoyo. Entre ellos, todos los democristianos, Núria de Gispert y Xavier Hernández, además de Artur Mas, Xavier Trias, Antoni Comas y Antoni Subirà. Estos dos últimos han sido otros consejeros que han sufrido en carne propia mociones de reprobación. Sin embargo, Comas se encontró solo cuando se discutió la suya. A Farreres se le intentó censurar ayer por su política de reparto de los fondos de formación ocupacional, las subvenciones -unos 100.000 millones de pesetas- a empresas que organizan cursillos para desempleados. Trabajo otorgó muchas de estas ayudas a empresas de altos cargos, de militantes y de simpatizantes de UDC. También se advirtieron numerosas irregularidades en la justificación documental de estos cursos, como por ejemplo la falsificación de unas 30.000 firmas de alumnos que nunca asistieron a las clases. Incluso una de las empresas beneficiadas disponía de las claves informáticas del departamento para poder manipular los datos. Todos los grupos parlamentarios reclamaron a Farreres que depurase responsabilidades. Hasta Ignasi Oleart, portavoz del PP, que votó en contra de la reprobación, le hizo la misma demanda para que el final de su mandato "sea honroso". Informe de la UE El consejero tuvo que escuchar duras críticas desde los bancos de la oposición. Así, Jordi Guillot, de Iniciativa per Catalunya-Verds, le espetó que su política suponía "una contaminación moral del país que afecta a demasiada gente, creando la red más difusa y generalizada de irregularidades". El parlamentario socialista Josep Maria Rañé, autor de la moción, le dijo al consejero que o destituía a los responsables o tendría que acelerar su salida del departamento. Y desde de Esquerra Republicana, Joan Ridao comentó que se había abusado de los fondos de formación ocupacional con finalidades lucrativas y para beneficiar a un partido político, en este caso UDC, al que no citó. Farreres no pudo intervenir en el pleno, el reglamento no lo permite cuando se debaten estas mociones. Pero en una conferencia de prensa posterior, el consejero mostró un informe de la unidad administradora del fondo social europeo en cuyas conclusiones se afirma: "No se ha detectado ningún hecho calificable de presunta irregularidad o anomalía de los sistemas y procedimientos de homologación de centros y programación de cursos analizados". La inspección se refiere especialmente al año 1997 y se basa en las informaciones facilitadas por los propios órganos de la Generalitat y por una auditoría externa.