Nueva Izquierda denuncia la venta de Ertoil a la Fiscalía Anticorrupción y exige explicaciones a Piqué

El secretario general del Partido Democrático de la Nueva Izquierda (NI), Diego López Garrido, presentó ayer ante la Fiscalía Anticorrupción un grueso paquete de documentos referidos a la operación de venta de la petrolera Ertoil, del grupo Ercros, a Cepsa en enero de 1991 y en la que, presuntamente, existen indicios de delitos fiscales, societarios, y más de 10.000 millones de pesetas en plusvalías de destino incierto (ver gráfico).Según explicó en conferencia de prensa López Garrido, NI ha solicitado además las comparecencias en el Parlamento del actual ministro de Industria, Josep Piqué -director ejecutivo de Estrategia Corporativa del grupo Ercros en la época de la polémica venta-, y el de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato, para que detallen la operación y sus repercusiones fiscales.

En opinión de López Garrido, si Piqué - a quien NI atribuye el diseño de la operación de "ingeniería financiera"- no da explicaciones satisfactorias, "no debería seguir en el Gobierno ni medio minuto".

La operación denunciada consistió en la venta de Ertoil a Cepsa con varios y controvertidos pasos. Tras la fusión de Unión Explosivos Río Tinto y Cros en 1989, Ertoil se revalorizó en más de 17.000 millones. No pagó impuestos por ello, acogiéndose a la legislación entonces en vigor, pero con la condición de no vender inmuebles en cinco años o acciones en tres.

Pese a ese requisito, Ercros vendió Ertoil a la sociedad luxemburguesa General Mediterranean Holding (GMH) en enero de 1991 por 36.500 millones "evitando pasar la venta por el Consejo de Ministros", según López Garrido. Un día después de la venta a GMH (10 de enero de 1991), la compañía francesa pública Elf Aquitaine estableció una opción de compra sobre Ertoil. Finalmente, en septiembre de 1991, Cepsa pagó a GMH 46.928 millones por Ertoil. Resultado: 10.000 millones de pesetas en plusvalías que no tributaron y más de 5.000 millones por la opción de compra para las arcas de Elf Aquitaine, empresa a la que NI otorga también un papel central en las presuntas irregularidades.

Entre otros perjudicados se encuentran, según López Garrido, los pequeños accionistas de Ercros y de Cepsa.

Javier Peón, diputado del PP, atribuyó la responsabilidad del marco en que se desarrolló la operación al Gobierno socialista.