El PP incluye en la subcomisión sobre Piqué el análisis de 7.000 subvenciones de la época socialista

El PP dirigió ayer un torpedo contra la subcomisión aprobada la semana pasada en el Congreso de los Diputados para analizar la ejecución y los resultados de la política de subvenciones del Ministerio de Industria tras las denuncias de amiguismo formuladas en las últimas semanas contra su actual titular, Josep Piqué. El PP pretende que esa subcomisión estudie además, y antes del 30 de mayo, los 7.000 incentivos regionales concedidos por ese Ministerio entre 1986 y 1996, con Gobiernos del PSOE, y que han sido puestos en cuestión en un informe reciente del Tribunal de Cuentas.

El secretario general del PP, Javier Arenas, ratificó ayer ante el Comité Ejecutivo Nacional de su partido su versión del origen de la campaña de acoso que padecen algunos de sus dirigentes por parte del PSOE. Arenas sostiene que los socialistas, ante la falta de alternativas, han optado por radicalizar sus denuncias de corrupciones del PP y por poner en duda el futuro de las pensiones.Prevenidos ante esas andanadas, en el PP han dibujado una estrategia que consiste en negar que la corrupción les haya anegado. Y decir públicamente que no se impedirá el esclarecimiento de cualquier acusación.En el caso de las constantes arremetidas del PSOE contra las subvenciones otorgadas por el Ministerio de Industria en la etapa de Josep Piqué, el PP intenta mantener la imagen pública de que no pondrá ninguna traba a la subcomisión creada el jueves pasado en el Congreso de los Diputados. En días anteriores a ese pleno, durante esa sesión y ayer mismo, relevantes dirigentes del PP aseguraron que su partido facilitaría todas las comparecencias y documentos que se pidiesen en esa subcomisión, que la misma debía constituirse incluso esta misma semana y que tendría que terminar sus trabajos antes del próximo 30 de mayo, cuando empieza la campaña oficial de las elecciones municipales, autonómicas y europeas.

El portavoz oficial del PP, Rafael Hernando, aclaró ayer que, además, su partido reclamará que se incorpore al objeto de esa subcomisión un informe reciente y "fundamental" del Tribunal de Cuentas que observaba distintas irregularidades sobre los incentivos regionales dados por Industria entre 1986 y 1996, es decir durante 10 años de Gobiernos socialistas. Hernando mantuvo que su único objetivo con esta propuesta es "sacar mejores conclusiones y más datos sobre la efectividad y la transparencia" de las subvenciones y ayudas que tiene que otorgar ese Ministerio.

Informe en noviembre

Ese informe del Tribunal de Cuentas al que alude últimamente el PP fue registrado en el Congreso en noviembre y tiene previsto su debate en abril. Desde el Gobierno y el PP se rescató su contenido la semana pasada para mezclar las críticas de los expertos de ese tribunal a la política de incentivos con las acusaciones de amiguismo formuladas por el PSOE contra Piqué respecto a las subvenciones a la rehabilitación de las zonas mineras. Los socialistas limitan las irregularidades observadas por el tribunal a meros desajustes contables.El portavoz del PP subrayó ayer que a su partido no le preocupa la campaña contra Piqué ni las denuncias en la Fiscalía Anticorrupción, como la planteada ayer por Nueva Izquierda, formación que calificó como "segunda marca electoral del PSOE". En esa línea de resaltar la contundencia interna con la que actúa el PP ante sus escándalos, el propio Arenas ha dado la orden al presidente del partido en Canarias, José Miguel Bravo de Laguna, para que apoye la creación cuanto antes de una comisión de investigación en el parlamento autonómico sobre el caso planteado en Tenerife por Francisco de la Barreda. Esta investigación no se limitaría a las agresiones contra la abogada del partido que estaba investigando una recalificación urbanística en un Ayuntamiento gobernado por Coalición Canaria. También indagaría sobre las presuntas corrupciones glosadas en varios informes por De la Barreda, diputado nacional y ex presidente popular en Tenerife. En el PP, en este caso, quieren llegar por distintas vías al mismo punto: que De la Barreda no ha aportado pruebas para sostener sus denuncias y, por tanto, según los estatutos, es susceptible de un expediente que podría llegar a su expulsión.

En ese afán investigador el PP no incluye el caso Zamora, donde el magistrado del Tribunal Supremo sí ha hallado indicios de delitos y ha imputado a dos de sus parlamentarios. El PP no reabrirá la investigación interna que en su día les eximió de culpa.