Los Quince se acercan en la reforma financiera y se bloquean con los fondos

Los ministros de Exteriores de la UE acercaron ayer posiciones en la discusión sobre la reforma financiera. Pero si los progresos parecen notables en materia de ingresos, el acuerdo está aún muy lejos en materia de gasto, sobre todo en lo que se refiere a los fondos estructurales. Abel Matutes consideró que la candidatura del italiano Romano Prodi a la presidencia de la Comisión Europea "es apoyable por España", mientras Roma oficializaba su disposición a modificar la contribución de los socios al presupuesto para respaldar a su candidato.

Italia acepta que las aportaciones al presupuesto común de la UE en función de la recaudación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) sean progresivamente sustituidas por el criterio de PNB, es decir, de su riqueza bruta. El cambio de fórmula fue apoyado por una larguísima mayoría de socios, aunque algunos con la condición de que el llamado recurso IVA no desaparezca por completo. La flexibilidad italiana parece relacionada con la candidatura de Romano Prodi a la Comisión, que ayer recibió un buen respaldo del ministro español. Matutes le consideró "apoyable" y recordó su compromiso con los intereses de los países mediterráneos.También creció el consenso en torno a la propuesta alemana de crear un cheque generalizado que compense a los países con un saldo negativo superior al 0,4% de su PIB. Portugal y Grecia se declararon por primera vez dispuestos a admitir la propuesta, que cuenta aún con la feroz oposición de España y, sobre todo, de Francia.

La reforma del cheque británico a la baja será una de las batallas de Berlín. Prácticamente sólo se opone el país beneficiario, el Reino Unido, e incluso algunos, como Dinamarca y Bélgica, defendieron no ya su reducción, sino su supresión total.

Por el lado del gasto la situación es distinta. Ayer se evidenció una clara fractura en torno a los fondos estructurales, aunque empezó a abrirse camino por primera vez la propuesta española de crear un fondo que compense a los países en función de los inmigrantes del Este de Europa que se encuentren en su territorio y a las regiones fronterizas con los países candidatos a ingresar en la Unión Europea.

Algunos países le dieron su bienvenida, aunque con distintos matices. Bélgica la saludó y reclamó, como España, que se financie sin afectar a los fondos estructurales. Italia la ve "interesante", aunque reclama que se estudie en profundidad su impacto. A Holanda le gusta, aunque quisiera que en el criterio de reparto se tuviera en cuenta el peso del número de inmigrantes en relación a la población local, con lo que se llevaría una muy buena tajada de los 3.000 millones de euros (casi medio billón de pestas) con que España propone dotar este nuevo fondo para el periodo presupuestario 2000-2006. Francia la consideró "un instrumento muy interesante" porque ve en él el argumento negociador para evitar que se apruebe un cheque generalizado para ricos.

Pero sigue sin haber consenso en torno a la reducción adicional del gasto agrícola que reclama Francia, unos 7.000 millones de euros. La Comisión puso sobre la mesa una propuesta para recortar casi 6.200 millones reduciendo la ayuda al cereal y la carne pero aumentando el gasto en 3.000 millones para desarrollo rural.

Y la gran batalla siguen siendo la de los fondos estructurales. Los países ricos no quieren conceder más de 200.000 millones de euros, incluyendo el Fondo de Cohesión. España no renuncia a la propuesta de la Comisión Europea, que sitúa el gasto en torno a los 240.000 millones de pesetas. Madrid podría aceptar un total de 218.000 millones de euros (198.000 para los llamados objetivos 1, 2 y 3 y 21.000 millones para el Fondo de Cohesión) siempre y cuando la clave de reparto permita a España mantener el mismo nivel de ayudas que en el periodo anterior.

Los esfuerzos de todos se centran en recortar -o mantener, según el caso- las ayudas estructurales y aprobar las claves de reparto más beneficiosas para cada uno. España se opone a que el Fondo de Cohesión se reduzca de forma paulatina a medida que la renta media del país beneficiario se acerque al límite del 90%. Exige que en el objetivo 1 se mantenga como hasta ahora el criterio de prosperidad relativa. Y demanda que el objetivo 3 tenga más en cuenta el número de parados y no el número de empleados como propone la presidencia alemana.