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La suerte de Pinochet, bajo siete llaves

Siete jueces anunciarán el miércoles si el ex dictador vuelve a Chile o permanece a merced del juicio de extradición

Siete hombres mayores, de 60 años el más joven y de 72 el más viejo, se dieron cita en la Cámara de los Lores, a las cinco en punto de la tarde, el martes 16 de marzo. Los siete jueces lores (Tribunal Supremo en el Reino Unido) que han formado el comité de apelación del caso Pinochet hablaron por última vez después de estudiar un veredicto durante casi cincuenta días y celebrar múltiples deliberaciones.Al día siguiente, el miércoles 17, se debía hacer una comunicación oficial a todas las partes del pleito para observar el compromiso de que se sabría la fecha con una semana de anticipación. Sin embargo, esa noche del martes 16, tras la breve deliberación de los jueces lores, el general Augusto Pinochet recibió en su casa de Virginia Waters (Surrey), a una hora de Londres, la noticia. Sería el miércoles 24. Mientras la noticia era enviada de Londres a Santiago de Chile en la misma noche del martes, el Servicio de Fiscalía de la Corona del Reino Unido, que representa a España en el pleito, no recibió ni siquiera el rumor. La comunicación sólo le llegó la mañana del miércoles 17.

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Lord Browne-Wilkinson, de 68 años, el más antiguo en el puesto de todos los 12 lores jueces en ejercicio, fue encargado personalmente por lord Irvine, la más alta autoridad judicial del Reino Unido y miembro del Gabinete de Tony Blair, para resolver este caso con profesionalidad el pasado mes de diciembre, después de conocerse que uno de los jueces lores miembros del anterior comité, lord Leonard Hoffmann, no reveló a la defensa del general Pinochet sus relaciones con una entidad de beneficencia relacionada con una de las partes de pleito, la organización de derechos humanos Amnestía Internacional. Y, claro, lord Hoffmann formó la mayoría de tres jueces lores contra dos que despojó a Pinochet de su inmunidad el pasado 25 de noviembre de 1998. Browne-Wilkinson fue diligente. Se formó un tribunal de otros cinco miembros diferentes a los que resolvieron en noviembre. Tras dos sesiones, los cinco alcanzaron la unanimidad. Con dos lecciones elementales en la escuela de derecho. Una, no sólo se debe hacer justicia, sino que se debe ver que se hace justicia; dos, ningún hombre puede ser juez en su propia causa. Los cinco ordenaron repetir íntegramente el juicio. Lord Browne-Wilkinson daba así un severo golpe a la reputación no sólo de un colega, sino también de un amigo.

Cuatro de los jueces lores que formaron el tribunal que tumbó la sentencia del 25 de noviembre por una teórica ruptura de la imparcialidad volvieron a integrar el comité que se haría cargo del caso Pinochet o su derecho a la inmunidad como ex jefe de Estado de Chile. Esos cuatro son: lord Browne-Wilkinson, otra vez presidente; lord Goff, retirado como juez en activo en 1998; lord Hope y lord Hutton. A ellos se unieron otros tres: lord Saville, lord Millet y lord Phillips. La idea era que una materia tan importante como el caso Pinochet requería, vista la experiencia de noviembre, un mayor número de miembros con el objetivo de que la resolución final cuente con mayor respaldo de la Cámara.

Aunque a primera vista las tres semanas consumidas en el segundo juicio sobre la inmunidad, finalizado el 4 de febrero, cubrieron materias más amplias que el primero, que duró dos semanas, la razón quizá más importante de la mayor duración fue la intervención del Gobierno de Chile, que no había participado en el mes de noviembre, lo que exigió más días para poder exponer.

Fuentes jurídicas consultadas en Londres estiman que el presidente del tribunal, lord Browne-Wilkinson, se empleó con gran seriedad para cumplir la recomendación de su superior, lord Irvine, tras el caso Hoffmann, dirigida a restablecer la credibilidad de los ciudadanos y de los Gobiernos extranjeros en la Cámara de los Lores, afectada por el presunto vicio (falta de imparcialidad) del primer fallo. Lord Browne-Wilkinson ha intentado durante casi cincuenta días una resolución unánime en un caso difícil, tanto por la interpretación del derecho británico e internacional como por las presiones emocionales.

El general Augusto Pinochet, según declaró a este periódico Fernando Barros, coordinador de su campaña de imagen, está tranquilo y espera desde su residencia de Surrey un fallo favorable. La policía de Surrey, a cargo de la seguridad del ex dictador, ha recibido del Ministerio del Interior 200.000 libras esterlinas (49,2 millones de pesetas) para cubrir una parte de los gastos de protección y, al parecer, España ha mostrado su disposición a compartir la factura. Se estima que la protección del ex dictador asciende a 35.000 libras esterlinas semanales (8,5 millones de pesetas).

La justicia británica, ya es sabido, es una justicia cara. Más de cien abogados han trabajado en el caso. Según dijo a este periódico el general Luis Cortés Villa, uno de sus directores ejecutivos, la Fundación Pinochet lleva pagado al bufete de abogados Kingsley & Napley alrededor de un millón de dólares (unos 150 millones de pesetas), que resultan de una factura por día en tribunales de 12.000 libras (2,9 millones de pesetas). Siete hombres mayores, pues, ya han decidido la suerte de Pinochet, esto es, si le mantienen la inmunidad frente a acusaciones de carácter penal, como las que sostiene el juez Garzón y, tras él, varios países que forman cola, como Francia y Suiza, entre otros, o se la retiran. Por el momento, los siete lores guardan el secreto bajo siete llaves.

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