El Gobierno navarro propició el absentismo laboral de Turrillas
El presidente de Navarra, Miguel Sanz, y el consejero de Agricultura del gabinete de UPN-PP, Ignacio Martínez Alfaro, dieron indicaciones para facilitar "al máximo" el trabajo político del ex parlamentario socialista Javier Sánchez Turrillas, quien dimitió el pasado mes tras conocerse que había seguido cobrando su salario como funcionario público a pesar de que no acudió a trabajar durante 32 meses. Así lo reiteró ayer en varias ocasiones el propio Ignacio Martínez Alfaro, presidente de la sociedad anónima de capital público Riegos de Navarra, a la que pertenece Sánchez Turrillas, al recordar que tanto él como el presidente Sanz han mantenido una línea de "flexibilidad" para facilitar el trabajo "con carácter general" como representantes públicos de algunos parlamentarios que son a la vez funcionarios al servicio de la Administración foral de Navarra: tres personas en concreto en la legislatura que ahora acaba, una de UPN-PP, otra del partido socialista y una última de CDN. El consejero compareció ante una comisión parlamentaria para explicar la posición del Ejecutivo regionalista ante el caso de Sánchez Turrillas y su discurso transcurrió en un tono de amplia comprensión ante la actuación del miembro de la Ejecutiva del PSN-PSOE. Martínez Alfaro recordó que los parlamentarios forales navarros no son profesionales y no perciben salario alguno por su trabajo, por lo que ven dificultada su capacidad de dedicación a las tareas legislativas que les son propias, y que en el caso concreto de Sánchez Turrillas, fueron "notorias y ostensibles", en palabras del consejero, unidas además a su condición de delegado sindical. Basándose en esa realidad, el responsable de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Ejecutivo de UPN-PP señaló que desde el Gobierno que preside Miguel Sanz se impartieron órdenes a la gerencia de Riegos de Navarra para que se facilitase "al máximo" el desempeño de sus funciones públicas al parlamentario socialista. "Estábamos obligados desde el punto de vista jurídico y moral", indicó Martínez Alfaro.
