El PSC se desmarca de CiU en el litigio con la azufrera de Tarragona

El grupo municipal socialista se desmarcó ayer en Tarragona de la propuesta convergente para iniciar las negociaciones con los propietarios de la azufrera y posibilitar el traslado de la fábrica, situada en una zona residencial y cercana al barrio del Serrallo. Mientras el alcalde considera que hay que pactar un precio entre ambas partes, el teniente de alcalde de Urbanismo, el socialista Josep Anton Burgasé, propuso ayer que fueran los tribunales los que acordaran cuál es el montante que supone el cambio de emplazamiento de la empresa. Los socialistas comienzan a marcar distancias respecto a sus compañeros de equipo de gobierno. Así, el teniente de alcalde de Urbanismo avisó ayer a Convergència de que el traslado de la polémica azufrera no debe hacerse a cualquier precio, "sino al que realmente merecen". La discrepancia se produce sólo dos días después de que el alcalde, Joan Miquel Nadal, anunciara su intención de abrir negociaciones firmes con la empresa para pactar el coste del traslado. El cambio de ubicación ya fue objeto de una tasación y se valoró en 214 millones de pesetas. El alcalde se mostró partidario de que lo que el consistorio pueda ofrecer de más a los propietarios de la empresa salga de las arcas municipales. Dictamen de los tribunales Los socialistas, en cambio, se mostraron ayer mucho más beligerantes y exigieron, antes de iniciar un debate con los empresarios, fijar las condiciones de la negociación. Así, si no se oponen a que ambas partes lleguen a un acuerdo para un traslado rápido, el dictamen final sobre el montante correría a cuenta de los tribunales. La diferencia entre lo pactado y lo resuelto judicialmente se resolvería posteriormente. El responsable de Urbanismo advirtió además de que los hermanos Pallarés, amos de la empresa, no pueden pretender que el Ayuntamiento pague el cambio de emplazamiento de una industria con más de 100 años de historia como si ésta fuera nueva. En lo único que parecen estar de acuerdo los socios de gobierno es en que los vecinos de la zona de Residencial Palau, los más afectados por la cercanía de la fábrica, no tengan que abonar las cuotas correspondientes para el traslado ni la urbanización de la zona. Las discrepancias entre los socios de gobierno por el traslado de Azufrera y Fertilizantes Pallarés, SA (Afepasa) fuera del núcleo residencial en el que ahora se encuentra llega dos semanas después de que la justicia absolviera a sus propietarios de un delito ecológico. El socialista se mostró especialmente cáustico respecto a las declaraciones del concejal de Medio Ambiente, Agustí Mallol (CiU), en el transcurso de la vista oral y que fueron determinantes para el fallo absolutorio. Mallol afirmó posteriormente que "ante el tribunal no se puede mentir". Burgasé se preguntó ayer si el concejal "ha mentido en otras ocasiones y ante otras instancias".