Trabajo y Andalucía se enfrentan por los 300.000 millones para crear empleo

El Ministerio de Trabajo y las comunidades autónomas no están dispuestas a armonizar los incentivos a la reducción de la jornada laboral, impulsados desde buena parte de las comunidades. Así, ayer rechazaron la propuesta que planteó Andalucía, que además descartó la propuesta de reparto de los 300.000 millones para crear empleo y formación de parados. Lo hacían en el curso de la reunión entre los 17 consejeros y el ministro, Manuel Pimentel.

Los responsables de la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, y de Trabajo dieron, durante el desarrollo de la conferencia sectorial para asuntos laborales celebrada en Santander, nuevas pruebas de las malas relaciones que mantienen. Y ayer Andalucía dio su voto en contra mientras el resto de comunidades autónomas, incluidas las que también gobiernan los socialistas (Castilla La Mancha y Extremadura), lo apoyaban. Las discrepancias durante ese encuentro, que periódicamente celebran las comunidades y el Gobierno central, se manifestaron desde el principio cuando el ministro de Trabajo, Manuel Pimentel; el secretario general de Empleo, Juan Chozas, y el resto de responsables del ministerio plantearon los criterios para distribuir los 300.000 millones que el Inem tiene previsto destinar este año a empleo y formación de parados, y que gestionan las comunidades.

El 60% del presupuesto se distribuirá en función de los desempleados con subsidio de cada comunidad, criterio utilizado ya el pasado año, y el 40% restante según los demandantes de empleo no ocupados, criterio introducido este año.

Esos criterios fueron rechazados por el consejero andaluz, Guillermo Gutiérrez, que reclamó "que se pague atendiendo al número de parados, cobren o no subsidio". Sostuvo que la fórmula aprobada "perjudica a Andalucía y Extremadura, fundamentalmente; se ha implantado para contentar a Cataluña y no es solidaria".

El ministro negó esas afirmaciones y añadió que "todas las comunidades recibirán más dinero que en 1998 y en Andalucía es donde más se incrementa", aunque no concretó cifras. Según Pimentel, los nuevos criterios no perjudican a ninguna región, y, aunque algunos plantearon otras fórmulas, la decisión se aprobó por unanimidad con el único voto en contra de Andalucía.

En el caso de Extremadura, su consejero, Victoriano Mayoral (PSPE), no rechazó la distribución de fondos porque entiende que se ha avanzado y para el año próximo el ministro se ha comprometido a incluir conceptos como "la dispersión de población", propuesto por Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón y Extremadura.

Cataluña, satisfecha

Cataluña reconoció su satisfacción por el reparto del presupuesto y por otros temas abordados, como el diseño del futuro Servicio Público de Empleo, que sustituirá al Instituto Nacional de Empleo (Inem) cuando concluya la transferencia de las políticas activas de empleo, y así lo manifestó su consejero, Ignasi Farreras (CiU). Este tema se seguirá debatiendo en próximas conferencias sectoriales, al igual que el Plan Nacional de Empleo para 1999, al que se dedicará una reunión monográfica prevista para mayo en Sevilla.

Sabin Intxaurraga (Eusko Alkartasuna), consejero vasco, no puso objeciones, pero se quejó del problema de las transferencias pendientes de Trabajo y la demanda de las cuotas de formación profesional que, a su juicio, mantienen "enquistadas las negociaciones".

Respecto a la jornada laboral, Pimentel y la práctica totalidad de los consejeros coincidieron en utilizar el concepto de "reordenación del tiempo de trabajo" en lugar de reducción de jornada como fomento del empleo y en contra de lo sugerido por Andalucía.

También rechazaron la propuesta andaluza de impulsar una ley para homogeneizar los incentivos a la reducción de jornada que están poniendo en marcha distintas comunidades, entre ellas Navarra, Galicia, Cataluña y Andalucía. El ministro aseguró que "no habrá ley de homologación", como tampoco de reducción de jornada, en este último caso en opinión coincidente con el consejero andaluz Guillermo Gutiérrez.

En relación al contencioso con Andalucía sobre el aumento de las pensiones no contributivas, Pimentel aseguró que se va a presentar el recurso de competencias ante el Tribunal Constitucional "en tiempo y forma" porque entiende que forman parte de la Seguridad Social y porque "salta a la vista que es una medida electoralista".

El consejero andaluz, en cambio, todavía ponía ayer en duda que el Gobierno llegue a presentar ese recurso y su argumento es que "hay informes de abogados del Estado que lo desaconsejan", extremo negado por el ministro.

Por otra parte, el secretario de Estado para la Seguridad Social, Juan Carlos Aparicio, defendió ayer la complementariedad entre los planes privados de pensiones y las pensiones públicas, durante su intervención en unas jornadas del sector de seguros celebradas ayer en La Toja (Pontevedra).

Propuesta del PSOE