Nuestras policías

FRANCESC DE CARRERAS De golpe, casi ya olvidado, ha reaparecido en las últimas horas el llamado caso de la farmacéutica de Olot, por lo visto a punto de ser definitivamente resuelto. Se trata de un enigma que ha hecho historia y, con todo el respeto hacia el derecho a la intimidad de las personas injustamente afectadas -en primer lugar para la propia Maria Àngels Feliu y su familia-, el caso reúne condiciones para constituir una brillante pieza literaria ya que, en la imaginación popular, en el boca a boca de Olot y de Cataluña entera o en la realidad de los hechos, todos los elementos necesarios están ahí: ambiente de vieja ciudad provinciana y tradicionalista, mezcla de ricos y pobres, élites y lumpen marginal, complejas relaciones de familia, amores y misterio. Apasionante. Un Simenon catalán puede convertirlo en una pequeña obra maestra. Pero no se trata aquí de hacer literatura, sino de hacer algunas consideraciones sobre la situación de las distintas policías en relación a la política autonómica. Porque este caso se inscribe muy claramente en la actual polémica que, con el trasfondo del traspaso de funciones de los cuerpos estatales a los Mossos d"Esquadra, se inició con la conocida carga del Cuerpo Nacional de Policía en la Universidad Autónoma y ha continuado en los últimos días con la actuación de otro policía, ésta vez de paisano, blandiendo una pistola en una manifestación reciente. En el primer caso, la policía actuó con poca pericia profesional y de forma desproporcionada. En el segundo caso, los hechos son por el momento menos conocidos y hacer juicios sobre la actuación policial es, hoy por hoy, prematuro. En ambos, sin embargo, los partidos políticos catalanes y los periodistas que informan a la opinión pública han estado alerta y vigilantes; tal es su obligación. Hay que felicitarles, no hay duda, por este comportamiento. Sin embargo, sorprende que tal diligencia en controlar e informar no se ha dado en otros casos, por actuaciones de naturaleza mucho más grave, de los que son responsables funcionarios pertenecientes a cuerpos de seguridad distintos. Y este diferente trato es, cuando menos, sospechoso de parcialidad y de esconder intereses más inconfesables y, en todo caso, alejados de la publicidad y la transparencia que requiere el ejercicio del poder en un Estado de Derecho. Dos hechos acaecidos hace ya un tiempo y destacados en la prensa de ayer no habían sido objeto de una atención comparable a los señalados anteriormente: la muerte de un joven a resultas de un tiro por la espalda, disparado por un policía municipal, tras robar un coche en Sabadell, y el herido grave que causó un guardia urbano de Reus jugando con la pistola a la ruleta rusa. A ello debe añadirse hoy la implicación en el caso de Olot de varios miembros de la policía municipal. No se trata aquí de hacer lo mismo pero al revés: no se trata por tanto de culpar a una determinada policía, en este caso la policía urbana, para exculpar a otra u otras, ni se trata de contraponer, demagógicamente, el acierto de la Guardia Civil en Olot a la actuación criminal de ciertos miembros de policías municipales. Se trata, simplemente, de considerar todos los casos por igual, bajo el mismo rasero, no de resaltar los errores y culpas de unos y no pedir responsabilidades a los otros. Con el agravante de que la parcialidad antes advertida siempre cae del mismo lado. Se pone siempre de relieve la intrínseca maldad -procedente, se dice, de tiempos antiguos- de los cuerpos estatales y se hace la vista gorda ante las culpas y errores de las otras policías, es decir, de "las nuestras". La policía, las diversas policías -estatales, autonómicas y locales- sólo tienen un objetivo: garantizar los derechos de los ciudadanos. Son servidores públicos con esta única finalidad. Y todas estas policías son "nuestras": las financiamos con los mismos impuestos y forman parte de un poder público global, cuyos dirigentes hemos elegido todos los ciudadanos, y que está formado por el Estado, las comunidades autónomas y los municipios. Por supuesto que los órganos políticos y la opinión pública deben controlar y estar vigilantes ante los errores, excesos y hasta crímenes, en su caso, de la policía. Pero deben hacerlo con todas las policías, con todas "nuestras policías".