Sangre inocente
UN ESPECIALÍSIMO tribunal creado para juzgar a miembros del Gobierno en ejercicio y estrenado en esta ocasión ha absuelto en el caso de la sangre contaminada por el virus del sida al ex primer ministro francés Laurent Fabius y a la que fuera responsable de Asuntos Sociales, Georgina Dufoix, acusados junto con el ex titular de Sanidad Edmond Hervé. Más de 4.000 personas fueron infectadas en Francia por transfusiones antes de agosto de 1985, cuando se hicieron obligatorios los controles específicos del sida. Muchos centenares de afectados han muerto desde entonces. Los tres políticos socialistas - de los que sólo Hervé ha sido considerado culpable, aunque sin imposición de pena por haber pasado quince años desde que ocurrieron los hechos- estaban acusados de homicidio involuntario por retrasar la comercialización de un reactivo estadounidense fiable con el fin de favorecer un producto similar francés.El juicio y su desenlace, que han suscitado extraordinaria atención en el país vecino, han sido descalificados casi unánimemente. Con explicable vehemencia por familiares de las víctimas y asociaciones afectadas ("simulacro de justicia", "absolución deshonrosa", "políticos intocables"); pero también por expertos en derecho y los medios de comunicación. Muy en el centro de la polémica está el hecho de que sólo recientemente la justicia francesa se ha ido librando de su tradicional sometimiento al poder político. En este sentido, la misma composición del Tribunal de Justicia de la República (una mezcla de doce parlamentarios voluntarios de diferentes partidos y tres jueces) ha abonado la inevitable confusión entre responsabilidad política y penal, una línea tan tenue como crucial y cuyo trazo estaba llamado a delimitar el tribunal. Tampoco ha ayudado un procedimiento en el que menos de una decena de familiares de los miles de efectados han podido personarse como acusación particular, y en el que sus abogados no han podido dirigirse directamente a Fabius, ahora presidente de la Asamblea Nacional, y a los otros acusados.
El proceso ha puesto de relieve el divorcio entre la calle y un invento judicial creado para el aparato del poder. Si los gobernantes franceses deben o no someterse a un régimen común y ser juzgados por una jurisdicción ordinaria es algo que los ciudadanos deben decidir. Pero este caso ha sentenciado inapelablemente que el Tribunal de Justicia de la República no satisface las exigencias de una sociedad moderna y democrática.
