Acuerdo para fichar y dar cobijo a los "niños de la calle" indocumentados

Un año después de que saliera a la luz la existencia de menores inmigrantes indocumentados, la mayoría magrebíes, malviviendo en las calles de Barcelona y su área metropolitana, varias instituciones firmaron ayer un acuerdo de cooperación para atajar el problema. La consejera de Justicia, Núria de Gispert, reconoció que se está lejos de poder solucionar el problema, pero señaló que el plan es un paso adelante para afrontar un fenómeno nuevo que "irá a más". En poco más de un año se han contabilizado 452 menores inmigrantes.

El acuerdo ha sido suscrito por los departamentos de Justicia y Gobernación de la Generalitat, la Delegación del Gobierno en Cataluña, los ayuntamientos de Barcelona y Santa Coloma de Gramenet y la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. A través de este convenio, la fiscalía autoriza a los Mossos d"Esquadra a fichar a estos menores inmigrantes con su fotografía y sus huellas dactilares, una medida excepcional para tenerles controlados, ya que suelen ocultar su identidad y su edad cambiando con frecuencia de nombre y de aspecto físico para confundir a la policía. La consejera De Gispert destacó que la ficha de estos menores será destruida cuando ya no sea necesaria y garantizó que estos datos confidenciales no se utilizarán para fines ajenos a la "protección" del menor. Los Mossos d"Esquadra podrán determinar la edad del menor mediante pruebas óseas. Pero junto a las medidas para garantizar un control de estos niños y adolescentes desamparados, el acuerdo institucional establece mecanismos para la socialización de este colectivo en Cataluña o para una repatriación "nunca forzosa". En esta tarea jugarán un papel decisivo los educadores de calle o mediadores culturales que se contratarán: siete en Barcelona y otros siete en Santa Coloma de Gramenet. Asesorados por la asociación Bayti, una ONG que trabaja desde hace años con niños de la calle en la ciudad marroquí de Casablanca, estos educadores intentarán acercarse a los menores para persuadirles de que les será más fácil labrarse un futuro en Cataluña si aceptan las medidas de acogida que propone la Generalitat. En los casos en que sea oportuno, los educadores, algunos de los cuales son de origen magrebí, prepararán al menor para el regreso a su país y el reencuentro con su familia. Con un presupuesto de 150 millones de pesetas, el convenio prevé la creación de 20 plazas en centros de día de Barcelona y Santa Coloma de Gramenet en los que los menores que lo deseen podrán acudir para asearse, comer, descansar o pedir consejo a los educadores. De Gispert también anunció la apertura, en un plazo de 10 días, del centro Roure-2, con una docena de plazas destinadas exclusivamente a menores inmigrantes. Durante la presentación del acuerdo, la consejera rechazó las críticas del síndic de greuges, Anton Cañellas, quien en su informe anual correspondiente a 1998 reprocha a la Generalitat su inhibición inicial en la problemática de los niños de la calle. Contradiciendo al síndic, De Gispert afirmó que sí hay "un cierto vacío legal" y anunció que se está trabajando en la modificación de la Ley de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia para introducir un capítulo dedicado a este colectivo y para permitir la existencia de centros menos abiertos que dispongan de mayores medidas de seguridad.