Viaje al fondo de la tierra

A pesar de ser un problema muy extendido y con importantes repercusiones en la salud humana, la contaminación de cauces y aguas subterráneas por nitratos procedentes del abonado agrícola no ha merecido la atención de las administraciones hasta hace poco. De hecho, el Tribunal de Justicia de la UE condenó a España a finales de 1998 por incumplir la directiva que establece, desde 1991, diferentes medidas de control para evitar la proliferación de este residuo y que el Gobierno español no había aplicado. En Andalucía, algunas de estas actuaciones acaban de entrar en vigor. En enero se publicó un decreto por el que la Consejería de la Presidencia señalaba las zonas de la comunidad vulnerables a esta contaminación. La relación se elaboró con datos de las confederaciones hidrográficas del Guadalquivir y del Sur. Los nitratos suelen afectar a terrenos del Valle del Guadalquivir (Sevilla, Córdoba y Jaén), la comarca de Antequera (Málaga), la Vega de Granada y determinadas zonas agrícolas de la costa atlántica y mediterránea. El decreto determina la existencia de enclaves vulnerables en 92 municipios, con una clara concentración en las provincias de Sevilla (25 municipios) y Granada (22). A mediados del mes de junio, señala la nueva normativa, deberá comenzar un programa de muestreo y seguimiento de la calidad de las aguas en todos estos emplazamientos. Se trata de vigilar las concentraciones de nitratos en cauces y acuíferos, con el objeto de prever situaciones como las que se vivieron en la primavera de 1997, cuando más de 200.000 andaluces tuvieron que recurrir al suministro mediante cubas debido a la alta concentración de nitratos en el agua de la red de abastecimiento. Una vez que se haya determinado la incidencia real de la contaminación por nitratos en los 92 municipios señalados en el decreto, la Administración andaluza, a través de las consejerías de Medio Ambiente y Agricultura, deberá, en el plazo de dos años y medio, aplicar programas de actuación para prevenir y reducir la presencia de esta sustancia. En las zonas vulnerables el Código de Buenas Prácticas Agrarias, hecho público en 1997, dejará de ser un manual de recomendaciones para convertirse en un documento de obligado cumplimiento. Este código determina las fórmulas más adecuadas para fertilizar los cultivos en función del tipo de suelo, los vegetales sembrados, la cercanía de cursos de agua o la existencia de sistemas de regadío. Si bien la UE fija un límite de 200 kilos de fertilizantes nitrogenados por hectárea y año, cantidad que los expertos juzgan suficiente para la mayoría de los cultivos regionales, esta es una cifra que habitualmente se rebasa en toda Andalucía. Como media suelen usarse del orden de 300 kilos, aunque en muchos casos, como el de las plantaciones de maíz, se llegan a utilizar hasta 500 kilos de abono. Especialistas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas han demostrado, además, que el uso desproporcionado de estos fertilizantes no se traduce en un aumento de la productividad.