Las viviendas nuevas deberán tener un seguro de reparación de 10 años

Los usuarios que compren una nueva vivienda tendrán un seguro de 10 años, que deberá contratar obligatoriamente el promotor, sobre los daños que se produzcan en el edificio. Ésta es la principal garantía que recoge el proyecto de Ley de Ordenación de la Edificación aprobado ayer en Consejo de Ministros. El texto fue aceptado por arquitectos e ingenieros, excepto los industriales, que creen que les quita competencias y "rebaja las garantías de los usuarios, al disminuir los plazos y dificultar las reclamaciones".

El proyecto recoge además la implantación progresiva de otros dos tipos de seguros. El promotor debe contratar un seguro de tres años que garantice los daños que tengan lugar por defectos en los materiales y en las instalaciones. También el constructor tendrá que realizar un seguro de un año, para garantizar la reparación de los daños que se produzcan por defectos de terminación.Según el ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, los seguros obligatorios sólo incrementarán el precio final de la vivienda entre un 0,6% y un 0,8%. El ministro dijo que este incremento "es mínimo si se tiene en cuenta que la ley garantiza la calidad del inmueble, un problema que representa el 35% de las demandas de los ciudadanos a las organizaciones de consumidores".

Esta ley se ha elaborado con los objetivos de delimitar las responsabilidades del proceso de edificación y establecer las garantías de los usuarios. En la actualidad, las responsabilidades de las personas involucradas en una edificación (promotores, constructores, directores de obra, suministradores de productos y proyectistas) aparecen dispersas en diversos artículos del Código Civil. El nuevo texto establece que quienes intervengan responderán de forma individual o, si no es posible, solidariamente. Los plazos de vigencia de las responsabilidades son los fijados en los seguros.

Los ingenieros industriales, -150.000 colegiados en España, la mitad de los 300.000 ingenieros de todas las especialidades- se oponen al proyecto por dos razones. Por un lado, consideran que "se ha convertido en una ley de atribuciones con la que se les quita competencias para dárselas a los arquitectos en la construcción de edificios administrativos, sanitarios o culturales", en palabras del secretario del Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales, Francisco Moledo. "El ministro presionó a arquitectos e ingenieros para que llegáramos a un acuerdo rápidamente y nos ha engañado", añade.

Por otra parte, los ingenieros industriales aseguran que "el texto disminuye las garantías que tienen actualmente los usuarios porque dificulta sus reclamaciones, no recoge todas las figuras que existen (como el director integral del proyecto o los equipos multidisciplinares)".

También denuncia Moledo que la ley "rebaja el plazo de garantía, que ahora establece el código civil en diez o quince años, según el defecto del que trate. Y dice que los seguros empezarán a contar a partir de la fecha en la que se certifique la finalización de la obra, no la de la entrega al comprador".

Moledo explica por qué a los usuarios les resultará más difícil reclamar: "La ley va en contra del principio actual de responsabilidad solidaria. Esto quiere decir que el usuario reclama a una de las personas, el promotor, por ejemplo, y él responde de forma solidaria por todos. Si un promotor contrata a un arquitecto o ingeniero no puede decir que no es responsable de lo que hacen".