El fiscal pide cárcel para cuatro acusados de comerciar con clenbuterol

La fiscalía de Tarragona solicitó ayer cuatro años y dos meses de prisión para cada uno de los cuatro acusados de un delito contra la salud pública por fabricar y distribuir clenbuterol, un producto cancerígeno que favorece el engorde ilegal de ganado. Los acusados reconocieron su participación en los hechos, pese a que aseguraron que desconocían estar realizando una actividad ilegal y llegaron a afirmar que consideraban esta sustancia no peligrosa cuando se suministra la dosis correcta. Los hechos se remontan a 1991, cuando la policía, basándose en las sospechas de que el industrial José Luis Díaz Amez estaba fabricando clenbuterol, entró en la fábrica que éste tenía en Constantí y localizó tres bolsas de ese producto, que también fue hallado en el domicilio del acusado. Posteriormente la policía, apoyada por agentes de la sección de Delitos Económicos de Barcelona, descubrió en un almacén situado en la carretera de Montblanc diversos materiales, entre ellos 250 gramos de clenbuterol puro y cuatro kilos de mezcla al 50%. El almacén pertenece a otros dos acusados, el matrimonio formado por Julio Enrique Liras y Josefa López Monells. El distribuidor del producto era el también procesado Magín Carulla. El fiscal entiende que Carulla compraba la materia prima a Díez y después la facilitaba al matrimonio para ser mezclada con soja o harina, un compuesto que vendían a distribuidores relacionados con empresas veterinarias o de piensos que no han podido ser identificados. Además de las penas de prisión, el ministerio público reclama una multa de 250.000 pesetas o dos meses de arresto. Los acusados afirmaron ayer durante la vista oral que desconocían los efectos del clenbuterol y las prohibiciones que pesaban sobre el producto, que además de ser cancerígeno puede afectar negativamente a la reproducción humana. Carulla y Díez afirmaron que en 1991 el mercado de materias primas farmacéuticas estaba muy "relajado" y que eran sus clientes los que se lo exigían bajo la amenaza de "adquirirlo en otro sitio".