A Gijón sí le importa

Don José Manuel Serra Peris, secretario de Estado de Industria y Energía, firma un artículo en el periódico EL PAÍS de 15 de febrero de 1999, bajo el título No importa, qué más da, a propósito de la polémica sobre las ayudas públicas tramitadas por el Ministerio de Industria. El párrafo quinto del artículo, en el que se refiere a las subvenciones y préstamos otorgados al Ayuntamiento de La Carolina, sobre los que pesa 1a imputación de haberse concedido antes de finalizar el plazo de presentación de solicitudes, amén de favorecer de forma indebida al citado Ayuntamiento, lejos de aportar a la opinión pública datos ciertos, contiene numerosas tergiversaciones.Así, afirma que en la ejecución de todos los programas de ayudas públicas se van dictando propuestas de resolución a lo largo del ejercicio. La frase es tan calculadamente ambigua como requiere el objetivo claro de desinformar a la opinión pública. En el expediente de concesión de subvenciones derivado de la orden ministerial de 19 de mayo de 1997, el plazo para la presentación de solicitudes concluía el día 30 de septiembre de 1997. El 17 de julio del mismo año, el ministro Piqué dicta una resolución aprobando una subvención de 585 millones a favor del Ayuntamiento de La Carolina. Tergiversa el señor Serra al referirse a "propuestas de resolución", y lo hace de forma harto grosera y burda, ya que debe saber que los ministros, en asuntos de su competencia -y éste lo era, según 1a disposición 8.6 de la orden-, no dictan propuestas de resolución, sino que resuelven.

Afirma que no es posible esperar al 1 de octubre para empezar la tramitación de expedientes de proyectos de ese mismo ejercicio. De nuevo miente el secretario de Estado de Industria y Energía. Podrá iniciarse la tramitación de los expedientes antes de concluido el plazo de solicitud de subvenciones. Lo que no se puede hacer, legalmente al menos, es resolver un procedimiento de concesión de subvenciones, a otorgar bajo los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, a tenor de la Ley General Presupuestaria, sin tener a la vista los diferentes proyectos concurrentes al procedimiento, que es lo que hizo el ministro de Industria y Energía, al subvencionar y conceder un préstamo sin intereses a La Carolina, por cuantías de 585 y 234 millones de pesetas, respectivamente, mediante resoluciones de 17 y 31 de julio de 1997, independientemente de que tales resoluciones las dicte en la soledad de su despacho, asesorado por algún secretario de Estado o cumpliendo órdenes superiores.

Afirma que el plazo para dictar resolución obliga al pronunciamiento antes del cierre de la convocatoria. De nuevo miente. El Ayuntamiento de La Carolina presenta en Industria su Proyecto de ejecución de infraestructuras industriales el 6 de junio. La disposición 8.7 de la orden ministerial aplicable establece que la "resolución se dictará en el plazo máximo de seis meses, a contar desde la presentación de la documentación completa por parte del solicitante". Nos lleva hasta el 6 de diciembre de 1997. Como se ve, el plazo para dictar resolución en modo alguno obligaba a conceder las subvenciones al Ayuntamiento de La Carolina el 17 de julio. El único proyecto que se acuerda subvencionar antes del cierre de la convocatoria es el de La Carolina; el resto, hasta 46, se aprueba una vez cerrada. Curiosa obligación la que plantea el secretario de Estado.

Asegura que la tasa de paro en La Carolina se sitúa en torno al 50% de la población. Tal falta de rigor sólo puede ser imputada al deliberado ánimo del secretario de Estado de falsear los hechos. En el expediente, el comité de gestión se refiere a una tasa de paro del 50% de la población activa industrial, lo cual no se corresponde con una tasa de paro total del 50%, como le consta al señor Serra Peris.

Afirma que los diversos proyectos aprobados en La Carolina permiten crear más de mil puestos de trabajo. El dato es, de nuevo, falso. Del expediente se desprende una previsión de 688 puestos, correspondiendo 500 a los que propiciará la actuación municipal con la creación de infraestructuras industriales, polígonos, naves, etcétera.

Afirma que La Carolina es el término municipal en el que más proyectos se han presentado: el 24% del total. El dato es radicalmente inexacto. La Carolina no presenta el 24% de los proyectos, sino que el 24% de los proyectos subvencionados o financiados procede o pertenece a La Carolina.

De un total de 46 proyectos subvencionados, 11 proceden del municipio de La Carolina. Sería interesante conocer si alguno de los proyectos de este Ayuntamiento resultó rechazado en el expediente.

Afirma que, de los fondos previstos, La Carolina sólo ha recibido el 4%. Se trata de una verdad a medias y, por lo mismo, de una media mentira. En el capítulo de subvenciones, al que optaba el Ayuntamiento de Gijón, se contaba con una dotación de 5.000 millones de pesetas, de los que finalmente se adjudicaron 2.903,5 millones. Sobre estas cantidades, la subvención concedida al Ayuntamiento de La Carolina, por resolución de 17 de julio (antes del cierre de la convocatoria y que entendemos no ajustada a derecho, cuando menos), es de 585 millones de pesetas y supone un 11,7% sobre el total de la dotación presupuestaria. Sobre el total adjudicado, los 585 millones de pesetas con los que se subvencionó a dicho Ayuntamiento significan el 20,14%.

En definitiva, prácticamente todas las manifestaciones que hace el secretario de Estado acerca de las subvenciones al Ayuntamiento de La Carolina, en cuyo expediente es parte interesada el Ayuntamiento de Gijón, o son falsas o son tergiversaciones de la realidad, como ha quedado expuesto. Por nuestra parte, seguimos entendiendo que resolver el expediente de concesión de subvenciones antes de cerrar el plazo de la convocatoria constituye una clara ilegalidad del procedimiento y que, desde luego, sí que da más y sí que importa. Y en este sentido esperamos que se pronuncien los órganos judiciales.

A la convocatoria de 1997, el Ayuntamiento de Gijón presentó 12 proyectos. Ninguno mereció la consideración de Industria. Ninguna de sus 12 negativas se sustenta en fundamentos de derecho, a nuestro entender. Y nadie, sea secretario de Estado o ministro, debe menospreciar o ningunear caprichosa y arbitrariamente los intereses de muchas ciudades españolas, como Gijón, duramente afectadas por excesivos procesos de reconversión y necesitadas de Gobiernos transparentes y cooperación institucional, cosa que, al parecer, no podemos esperar del actual equipo centrado del PP en España.

José Manuel Sariego Martínez es concejal delegado de Empleo y Desarrollo Local de Gijón.