PRISA presenta una denuncia contra Jaime Campmany y contra inspectores de Hacienda por "revelación de secreto"

El Grupo PRISA presentó ayer en el Juzgado de Guardia una denuncia contra Jaime Campmany, director de la revista Época, y contra inspectores de la Agencia Tributaria del Ministerio de Economía y Hacienda por descubrimiento y revelación de secreto. El origen de la denuncia es un artículo publicado en el último número de la citada revista, "en el que basándose en datos e informes atribuidos a la Agencia Tributaria se vierten todo tipo de falsedades e informaciones calumniosas contra el presidente del Grupo PRISA y del Grupo Timón", Jesús de Polanco, según expresa una nota hecha pública ayer por las dos sociedades.De este informe de la Agencia Tributaria, firmado por el inspector de Finanzas del Estado José María Sánchez Cortés, y que según la revista Época fue entregado al vicepresidente Rodrigo Rato, quien se lo hizo llegar al presidente del Gobierno, José María Aznar, existen al menos tres versiones. Una de ellas fue utilizada por el empresario José María Ruiz-Mateos, hijo, y su abogado Joaquín Yvancos para realizar un intento de chantaje a Jesús de Polanco que el presidente de PRISA denunció ante los juzgados de Madrid. El caso quedó visto para sentencia el pasado 19 de febrero, tras la petición fiscal de un año y cuatro meses de prisión contra el ex propietario de Rumasa, José María Ruiz-Mateos, por amenazas a Polanco y otros empresarios, entre los que se contaban Emilio Ybarra, presidente del Banco Bilbao Vizcaya o el presidente del Zaragozano, Alberto Cortina.

Una segunda versión del informe, con algunos datos distintos, apareció en la documentación incautada en el diario Egin cuando el juez Baltasar Garzón ordenó el registro del periódico vasco y su cierre posterior por sus conexiones con ETA. La tercera versión publicada ayer por la revista Época contiene datos que no figuraban en el dossier utilizado por el hijo de Ruiz-Mateos pero sí en el que fue incautado en la redacción del diario Egin.

No es la primera vez que el semanario dirigido por Campmany publica documentos acusatorios contra empresas y directivos de PRISA y que la propia revista atribuye a instancias del Gobierno y de la Administración pública. El 24 de febrero de 1997, con un recorte de su propia revista en la que recogía un informe elaborado por el presidente del Colegio de Economistas, Gerardo Ortega, quien posteriomente declaró que le había sido encargado "por un secretario de Estado", presentó una denuncia en la Audiencia Nacional por apropiación indebida, estafa y falsedad en documento mercantil contra todos los consejeros de Sogecable.

La denuncia fue admitida a trámite inmediatamente por el juez Javier Gómez de Liaño. Era el inicio del llamado caso Sogecable, que la Audiencia Nacional archivó finalmente por inexistencia de delito. Por la instrucción de esta causa, Jesús de Polanco, presidente de PRISA, Juan Luis Cebrián, consejero delegado, y otros consejeros de la empresa, presentaron una querella por tres delitos de prevaricación contra el juez Gómez de Liaño. El magistrado se encuentra suspendido de su cargo y pendiente de juicio.

Precisamente el juez Liaño, en su libro Pasos perdidos, publicado la semana pasada, se refiere en una de sus páginas a este informe: "La instrucción se cegó en un momento capital, cual era la inminente llegada al procedimiento de una documentación existente en la Agencia Tributaria en la que aparecía toda la red de empresas de un grupo llamado Timón". La nota de PRISA expresa "su más enérgico rechazo de las mentiras y manipulaciones de que este grupo de empresas y sus administradores son objeto por parte del semanario que dirige el señor Campmany, que nuevamente publica un reportaje lleno de imputaciones falsas contra este Grupo y del que se derivan un perjuicio patrimonial y un daño para la honorabilidad de las personas¨.

El comunicado señala que "los grupos Timón y PRISA, como no puede ser de otra manera, siempre y en todo momento han cumplido fielmente con sus obligaciones fiscales, prestando toda la colaboración que les ha sido requerida por las sucesivas inspecciones tributarias a que a lo largo de estos años han estado sometidos". Y finaliza señalando: "Esperamos que la pronta intervención de la Justicia permita restablecer el buen nombre de las personas calumniadas y exija responsabilidades penales y civiles a quienes de manera tan ostensible han faltado a sus obligaciones como funcionarios públicos, periodistas o simples ciudadanos".