"Ser o no ser" agricultor

Telón. 1957, firma del Tratado de Roma y diseño de la Política Agrícola Común (PAC). La gran preocupación de Europa era garantizar el abastecimiento de alimentos. Se establecen así los principales objetivos de la única política realmente comunitaria: incremento de la productividad agrícola, estabilización de los mercados y necesidad de garantizar un nivel de vida digno a la población. En 1992, la acumulación de grandes stocks de productos agrarios generados por países como Alemania, Francia, Inglaterra... y las dificultades para su exportación impulsan la reforma de la PAC; precisamente, los agricultores españoles no contribuyeron a crear esos excedentes, pero sí empezaron a pagar sus consecuencias, bajada de los precios y rebaja de las ayudas. Además se establecen cuotas de producción por países y sectores. Hoy, de los 817.000 millones en ayudas que recibe anualmente el Estado español de Bruselas, sólo 164.000 millones llegan a los verdaderos agricultores y ganaderos que viven en el medio rural, trabajan directamente la tierra, cuidan el ganado y sus rentas proceden principalmente de estas actividades.Segundo acto. Agenda 2000 y nueva reforma. 1999, las ayudas a la explotación familiar agraria no suponen ningún privilegio para el agricultor, sino la compensación de la pérdida de renta que sufre por la brutal y continuada bajada de los precios agrarios. El dato es espeluznante: desde 1986, incorporación de España a la Unión Europea, hasta hoy han desaparecido más de un millón de activos agrarios. El riesgo es que en los próximos diez años puede caer otro medio millón. Nos hemos dado de bruces con el dilema de quién debe ser el destinatario de las ayudas: "Ser o no ser agricultor, ésta es la cuestión".

Tercer acto. El mantenimiento de las ayudas a los productores se justifica hoy desde distintos ámbitos. Los poderes públicos consideran la agricultura como un sector estratégico, y esta excepcionalidad es el pilar básico de las políticas agrarias de los países desarrollados, que necesitan la seguridad de abastecimiento para su población. La dependencia de los factores naturales provoca la constante fluctuación de precios y renta, con la consiguiente inestabilidad y crisis, tanto de productores como de consumidores. La exigencia de una agricultura sostenible con funciones de conservación medioambiental y vertebración del territorio, garante de la calidad de los productos, como respuesta a las demandas de la sociedad moderna. Frente a las tendencias globalizadoras de países como EEUU de imponer precios agrarios mundiales muy por debajo de los costes reales de producción, pero que a su vez ocultan ayudas directas a sus productores, no es mucho pedir que la UE destine el 0,5% del PNB a un sector que en el Estado español ocupa al 8% de la población y que gestiona el 80% del territorio. En estos momentos, la renta agraria media española por ocupado está por debajo de la mitad de la media del resto de sectores y es inferior a la renta de los agricultores europeos. Así pues, COAG apuesta por el mantenimiento de las ayudas a la explotación familiar agraria y al agricultor profesional, garantías de presente y futuro de una agricultura sostenible y de un medio rural vivo.

La Comisión Europea (CE) reconoce que el 80% de las ayudas va a parar al 20% de los productores. La gravedad de la actual propuesta de la Agenda 2000 radica en disminuir el presupuesto agrario y las ayudas a los productores. Los países del centro y este de Europa se han de incorporar a la UE en el periodo 2000-2007 como perceptores netos con una alta dependencia del sector agrario para el desarrollo de su economía y el mantenimiento de una gran parte de su población. ¿Por qué la Comisión, en vez de plantear una disminución de las ayudas lineales, que perjudicará gravemente a todos los pequeños y medianos productores de la UE, la mayoría de los Quince, no se plantea establecer unos criterios que limiten las cuantías máximas de percepción por activo agrario, aunque disguste a los grandes privilegiados, la minoría y los que provocan la mayor parte del gasto comunitario?

COAG considera que no es necesario el aumento de las partidas presupuestarias destinadas al sector agrario, sino una distribución justa de las ayudas basada en el empleo generado en las explotaciones, relacionándolo con la dimensión de las mismas. De esta forma orientaríamos la ayuda hacia los dos ejes de la nueva política agraria, agricultores y territorio, al tiempo que garantizamos un ahorro presupuestario. El recorte de las ayudas debe dirigirse a los especuladores, terratenientes, aristócratas y absentistas que reciben el 80% del presupuesto.

La propuesta de la CE supone un recorte total de 350.000 millones de pesetas anuales para toda la UE. Con estos guarismos, España dejaría de percibir 200.000 millones y supondría la desaparición de la mitad de los activos agrarios actuales. Ni el mismísimo Hamlet contó con tantas tramas a su favor. Todo un drama clásico para los protagonistas, agricultores y ganaderos de la explotación familiar agraria, y para el que COAG busca un final esperanzador para el siglo XXI. Telón.