Competitividad, cohesión y medio ambiente

La incorporación de la agricultura a la liberalización del comercio internacional ha impuesto una armonización de los regímenes de ayudas, con reducciones de precios compensadas mediante ayudas directas a la renta. Este cambio ha contribuido a erosionar su legitimación social. Los agricultores prefieren precios más elevados que retribuyan su eficiencia y rechazan una distribución de las ayudas que no incorpora criterios de solidaridad, ni de profesionalidad, ni tiene en cuenta las dificultades naturales en que desarrollan su actividad. Los ciudadanos desean una mayor contribución de la agricultura a la protección del medio natural y una distribución más justa, transparente y rigurosa de unas ayudas de cuya justificación dudan.La medición de la competitividad internacional en el sector agrario está muy distorsionada por la coexistencia de sistemas de ayuda muy heterogéneos en los países exportadores. Pero podemos afirmar que la agricultura europea no es competitiva a nivel mundial en prácticamente ninguno de los productos básicos. Su ventaja tecnológica y comercial no compensa suficientemente la reducida dimensión media de las explotaciones, el elevado coste de la mano de obra, las dificultades naturales de producción en muchos casos y los costes asociados a restricciones técnicas, sanitarias y medioambientales. La agricultura española tiene una posición competitiva muy favorable en el interior de la UE en productos mediterráneos (frutas y hortalizas, vino y aceite de oliva). Sólo la escasez de agua limita la capacidad para aprovechar plenamente esa ventaja. También se defiende en productos continentales (cereales, oleaginosas, leche, carne, azúcar), gracias a una menor retribución del trabajo, diferencia que tiende a disiparse al aumentar nuestro desarrollo, pero que todavía compensa la desventaja de unas condiciones de suelo y clima poco favorables y de unas explotaciones de menor dimensión media que las europeas. Pero la gran mayoría de la agricultura española no es competitiva a nivel mundial, por lo que no podría sobrevivir sin la protección en frontera y/o las ayudas que proporciona la Política Agrícola Común (PAC). De los factores que determinan la competitividad, algunos -suelo y clima- vienen dados y otros -el tamaño de las explotaciones, muy condicionado por la historia y por la rigidez, por razones sociales, del mercado de la tierra- evolucionan muy lentamente, por lo que no se pueden aplicar al sector agrario los mismos criterios económicos que a otros. Podemos y debemos mejorar nuestra competitividad, pero si pretendiéramos quedarnos solamente con la agricultura competitiva estaríamos renunciando a una actividad fundamental para la economía rural, el equilibrio social y territorial y la protección del medio natural.

El debate relevante no es el nivel de apoyo a la actividad agraria, que se justifica porque su renta media sigue siendo inferior a la de otros sectores, a pesar del elevado crecimiento de su productividad, sino quiénes deben ser los destinatarios preferentes de las ayudas y cómo conciliar los objetivos de adaptación al mercado, modernización estructural y mejora de la competitividad, con una distribución de las ayudas más solidaria y que impulse una agricultura más sostenible desde el punto de vista medioambiental. Desde nuestro ingreso en la UE, la defensa de una PAC homogénea y financiada solidariamente, que canalizara abundantes recursos comunitarios para apoyar globalmente la modernización y la renta del sector agrario español, primaba sobre la aplicación de criterios de redistribución de esos recursos entre los agricultores. Con algunas sombras, el balance ha sido extraordinariamente positivo.

El riesgo de la reforma a debate es que reduce de forma generalizada las rentas del sector, rompe la homogeneidad y la solidaridad financiera de la PAC en perjuicio de nuestros agricultores, y, sin embargo, no progresa hacia una redistribución más justa de las ayudas, que sostenga la renta e impulse la modernización de las explotaciones que más lo necesitan. El sector agrario español puede terminar pagando las consecuencias de la estrategia negociadora del Gobierno, que ha sido incapaz de proponer un modelo para la PAC, limitándose, con muy bajo perfil, a responder defensivamente a las propuestas de los demás.