Farnós reconoce que reveló datos de la hepatitis C sin atender al juez

El consejero de Sanidad de la Generalitat Valenciana, Joaquín Farnós, desveló el "núcleo esencial" de un sumario judicial pese a tener constancia del secreto inherente a cualquier investigación impulsada por un juez. Así lo reconoció ayer ante el magistrado que le imputa un delito de revelación de secretos, frente a quién justificó la difusión de un informe sobre la hepatitis C en aras al "interés general".El estudio, que responsabiliza al anestestista imputado, Juan Maeso, del masivo contagio, fue hecho público pese a dos advertencias en contra del juez que investiga la masiva infección. En consecuencia, el magistrado encargado del caso, José Manuel Ortega, denunció al consejero de Sanidad el pasado octubre. Las conclusiones del estudio epidemiológico realizado en torno al brote exculpan a la Generalitat de cualquier responsabilidad en el masivo contagio.

Farnós ha justificado siempre la difusión de ese informe en base a la Ley General de Sanidad, que conmina a las autoridades públicas a trasladar a la ciudadanía cualquier dato encaminado a advertir, tranquilizar o informar sobre un problema de salud pública. Esos mismos argumentos reiteró ayer, durante una declaración de más de dos horas, ante el juez.

"Todas mis actuaciones han estado presididas por el afán de aclarar una situación sanitaria muy importante para los valencianos", aseguró el consejero a la salida de la sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la instancia encargada de juzgar a las personas aforadas.

El pleno de esa sala discrepa. En el auto de reapertura de la causa -archivado provisionalmente en dos ocasiones- tres miembros del tribunal subrayan que Farnós, contraviniendo el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Críminal, reveló el "núcleo esencial" de una investitación judicial. Y además lo hizo pese a tener constancia de las dos comunicaciones en las que Ortega, por medio de sendos faxes, le advierte de la "restricción" legal por la que no cabe dar "publicidad a la información relativa a los resultados de las analíticas" practicadas a Maeso y a casi todos los afectados por el brote de hepatitis C.

Los magistrados, en su auto, limitan el objeto de la investigación a averiguar si Farnós actuó con "dolo", es decir, si divulgó esa información con conciencia de que cometía una ilegalidad. El juez que imputa al consejero un delito de revelación de secretos aún no ha tomado una decisión al respecto, pero desde ayer ya sabe que Farnós conocía el fax de la discordia.

Según fuentes cercanas al caso, el secretario general de la Consejería, Roberto Roig, que también declaró ayer en calidad de imputado, así lo reconoció. Farnós hizo lo propio. Fue informado de la existencia de la comunicación de Ortega por escrito, ya que Roig, interlocutor del juez durante todo el procedimiento, se lo trasladó utilizando los cauces burocráticos habituales. A pesar de todo, el consejero, según explicó ayer en el TSJ, obró convencido de que no infringía ningún precepto legal. El delito de revelación de secretos está castigado con penas de hasta cuatro años de prisión.